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El presidente brasileño Luiz Inacio Lula
da Silva enfatiza su interés por la integración
regional, uno de los objetivos de su campaña electoral.
Para llevar adelante esa política cuenta con el Banco Nacional
de Desarrollo-BNDES y la Corporación Andina de Fomento
CAF. El primero cuenta con un financiamiento superior a la CAF
en un 35 a 40%, con un patrimonio de alrededor de 100000 millones
de dólares. La CAF tiene cerca de 200 “proyectos
de integración” en cartera, incluyendo el megaproyecto
de construcción de represas en el río Madera y en
el río Beni, para hacerlos navegables y abrir una ruta
de exportación, para la expansión de la soya en
la Amazonía.
Para la ministra brasileña Dilma Rousseff
la integración energética con Bolivia es estratégica
y tiene el objetivo de formar un inmenso mercado consumidor que
comparta infraestructura entre Argentina, Brasil y Chile. Para
la ministra, Bolivia es un jugador desequilibrante en energía
para el Mercosur, tomando en cuenta su potencial energético,
no solo por las reservas de gas que están sin mercado,
sino por el potencial que tiene la generación de electricidad
en base al gas natural. A lo que se sumaría una posición
geopolítica envidiable, debido a que la tendencia del flujo
entre los puertos del Pacífico y del Atlántico es
la del tránsito por Bolivia.
En este marco, es importante recordar que el
gasoducto Bolivia-Brasil fue concebido más que como una
obra de integración energética entre dos países,
como parte de un plan para conectar reservas en ese momento, no
interesantes (en Bolivia y Perú: Camisea) y hacerlas disponibles
para el mercado brasileño. Por este motivo, se incluyeron
las claúsulas de penalización: el Take or Pay y
el Delivery or Pay. En el primer caso en realidad se trata de
un pago por adelantado del gas no consumido, pero en el segundo
es una verdadera penalización económica para el
caso de que Bolivia no pudiera cumplir con el volumen comprometido.
Las reservas probadas actuales demuestran los cálculos
errados de los brasileños y las agencias financieras multilaterales,
por lo que la renegociación de los precios del gas que
se estaba llevando a cabo en el gobierno de Sanchez de Lozada
no era pertinente.
Lo que es aún más preocupante es
que la estrategia brasileña para renegociar el contrato
introdujo la oferta de “proyectos de integración
física”, que en realidad son de interés del
país vecino, como se verá más adelante. Entre
estos proyectos se destaca el “Complejo del Río Madera”,
respecto al cuál, el secretario General del Ministerio
de Minas y Energía, Mauricio Tomalsquin dijo: Madera podría
ser una útil herramienta de negociación con el gobierno
de Bolivia, mientras que el presidente de BNDES, Carlos Lessa
sostuvo: “Brasil promueve su propia versión de la
conquista del oeste en una zona selvática vecina a Perú
y Bolivia, con un megaproyecto que ilustra los sueños de
integración de América del Sur, en cuyas fronteras
todo está por hacer…”
El proyecto “Complejo del Río Madera”
se basa en el Inventario Hidroeléctrico del río
Madera realizado por FURNAS, Odebrecht y PCE el 2003, con el objetivo
principal de lograr una “mayor integración de la
Cuenca Amazónica en el Mercado Consumidor de Energía
Eléctrica, así como para la integración de
la navegación entre Brasil, Bolivia y Perú, consolidando
este corredor de exportación para América del Norte,
Europa y Africa, asi como para la propia América del Sur”.
Incluye un conjunto de obras, entre las cuales se encuentran dos
hidroeléctricas en el tramo Abuná y Porto Velho,
en el Estado de Rondonia en Brasil; esclusas , la detonación
de la Cchuela Teotonio y otras obras aún no definidas en
el trecho binacional Abuná-Guajaramirim, para el cuál
se ha propuesto también una represa con esclusas, en un
tramo con una presencia importante de cachuelas, que tendrán
que ser eliminadas para la navegación. Comprende también
la construcción de una represa en Cachuela Esperanza, en
el río Beni en Bolivia, cerca de su confluencia con el
río Mamoré, para proveer energía al Brasil
y el establecimiento de puertos necesarios para la implantación
de la Hidrovía de los ríos Madera-Guaporé-Mamoré-Beni-Madre
de Dios y Orthom .
El proyecto está siendo propagandizado
en Brasil y Bolivia para la “generación de energía
en cantidades significativas y de bajo costo y para la consolidación
del Polo de Desarrollo Industrial del Agrobusiness en la región
oeste del Brasil y la Amazonía boliviana” y se justifica
tanto en la generación de energía, como en la reducción
de los costos de transporte de granos y otros commodities. Prevee
generar 7480 megavatios de electricidad en el lado brasileño
y otros 3000 megavatios en Bolivia, lo que significa tres veces
la demanda energética de este país. Ello en una
de las regiones menos pobladas, donde las necesidades de la población
alcanzarían como máximo 20 megavatios. Nuevamente
Brasil o las empresas brasileñas se constituirían
en el único comprador de toda la energía producida,
imponiendo condiciones de compra, contratos y precios, con el
agravante de que producirían bastante energía que
tendría primero que ser utilizada en el vecino país.
Lessa reconoce que el proyecto tendrá
un enorme impacto ambiental. El abaratamiento de los costos de
transporte impulsará la producción de soya, de acuerdo
a los cálculos de Odebrecht y Furnas, lo que significa
la deforestación de uno de los ecosistemas más apartados
de América del Sur, la región mejor conservada de
la Amazonía, que, en el caso boliviano es una zona de producción
extrativista (castaña amazónica), actividad de uso
sustentable del bosque, que constituye la principal actividad
económica de la región y el segundo producto no
tradicional de exportación a nivel nacional.
Por su parte, Brasil tendría acceso más
expedito a los mercados asiáticos, el verdadero objetivo
de estos proyectos. Actualmente el grupo Tedesco Maggi ha invertido
cien millones de dólares en la vía navegable del
río Madera donde posee la flota más importante de
barcazas y remolcadores, con una capacidad de transporte total
de 210000 toneladas por mes . El grupo Maggi es el mayor exportador
de soya de Brasil, por lo tanto el mayor interesado en el Polo
de Agronegocios a instalar. Su intención es la expansión
de la frontera soyera hacia los estados de Rondonia y de paso
a la amazonía boliviana.
Se trata de un proyecto con impactos transfronterizos,
aún cuando solo se construyan las obras en territorio brasileño:
las represas de Santo Antonio y Jirau tienen un área de
inundación que alcanza al territorio boliviano. Por este
motivo, el gobierno brasileño requiere negociar acuerdos
bilaterales. Pero ha encontrado una forma de ofertar los proyectos
del Madera a nombre de la “integración regional”,
como si fueran de particular interés boliviano por el problema
de la mediterraneidad. Las obras proyectadas en Bolivia acabarían
con la principal región de ecoturismo de Bolivia, a lo
largo de los ríos Beni y Quiquibey, donde se sitúan
las principales áreas protegidas de la Cuenca Alta del
Amazonas: el Parque Madidi y la Reserva y Territorio Indígena
Pilón Lajas, asi como los proyectos de ecoturismo indígena
Mapajo, el Alberque Chalalán y una gran variedad de paquetes
y proyectos turísticos indígenas, campesinos, municipales
y privados.
Por otro lado, la región del Madera es
una zona endémica de malaria, con la presencia de algunos
de los tipos más agresivos de esta enfermedad. Inundar
esta región significaría trasladar la endemia hacia
las principales zonas de ecoturismo del país (la cuenca
alta del río Beni).
Entre los defensores del complejo del río
Madera, se manejaba el argumento de que la aceptación de
Bolivia del proyecto, representaría un gran triunfo en
la disputa con el gobierno boliviano por la reducción del
precio del gas natural importado de Bolivia.
El Complejo Madera corresponde a una propuesta
para el desarrollo basada en la visión de los organismos
proponentes, CAF (Corporación Andina de Fomento), BID (Banco
Interamericano de Desarrollo y FONPLATA (Fondo Financiero para
el desarrollo de la Cuenca del Plata), la misma que representa
un viejo modelo de desarrollo basado en grandes volúmenes
financieros y sobre tres pilares: energía, transporte y
telecomunicaciones. Esta visión no considera el desarrollo
como resultado de interacciones que no son solo económicas;
no comprende el desarrollo como un proceso de modificación
de la calidad de vida: educación, salud, cultura, etc.
Niega el desarrollo de las poblaciones de los bosques, ribereños,
pescadores, extrativistas, indígenas, pues niega su misma
existencia. Esta propuesta de desarrollo es por tanto una negación
del desarrollo, que, de forma más general puede ser comprendido
como el resultado de políticas públicas que son
producto de interacciones entre muchas variables, la articulación
de actores y la actuación sobre la calidad de vida.
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