La posible construcción de dos represas en la frontera brasileña ha puesto en pie de combate a los pueblos indígenas de la Amazonía y a los ambientalistas, como el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), porque creen que esta codiciada región, convertida en el pulmón del mundo por su biodiversidad y riqueza natural, estaría en grave peligro.

La coordinadora nacional del Fobomade, Patricia Molina, ingeniera agrónoma, dice que todos los bolivianos deben cuidar y lograr el desarrollo sostenible de la Amazonía, en beneficio de la población indígena y de todo el país.

En el Foro, que tiene ya 15 años en defensa del medio ambiente y la vida natural, hay la idea de que no se debe aceptar proyectos que intentan convertir la Amazonía en una gigantesca usina hidroeléctrica, trastocando y destruyendo todo el equilibrio ambiental y regional, lo que tendría graves efectos para la naturaleza y la vida misma.

¿Sigue la preocupación por la construcción de represas?

Antes del viaje de febrero del presidente Evo Morales a Brasil, algunos medios de ese país especulaban que la oposición de Bolivia a la construcción de dos represas sobre el río Madera sería una estrategia para lograr el financiamiento de una o dos represas en territorio boliviano.

Esa misma prensa tuvo que pasar apuros cuando se vio obligada a publicar que el Brasil no convenció a Bolivia de aceptar el proyecto de dos hidroeléctricas próximas a su frontera, a pesar de que Brasil "cedió en el precio del gas, propuso sociedades (parcerías) para las construcción de dos represas y más bien los bolivianos criticaron el estudio ambiental". Bolivia ganó dos a cero se lamentaban.

Lo que el presidente Morales reafirmó es la preocupación de su gobierno por los impactos sociales y ambientales transfronterizos de las obras en Brasil. Eso está bien, pero no es suficiente.

¿En qué consiste este proyecto hidroeléctrico?

El Complejo Hidroeléctrico del Río Madera es un proyecto que consta de tres partes. Una es la construcción de una hidrovía de 4.200 kilómetros de largo que hace posible la navegación de grandes embarcaciones en los ríos Madera, Madre de Dios y Beni. La segunda son cuatro represas hidroeléctricas con exclusas para la navegación, situadas dos en el Brasil, la tercera en aguas binacionales boliviano­brasileras y una cuarta en el interior de Bolivia, en Cachuela Esperanza. La tercera es la línea de transmisión.

Todo esto forma parte de lo que se conoce como Iniciativa para la Integración de Infraestructura de América del Sur (IIRSA), un acuerdo firmado el 2000, por iniciativa del gobierno brasilero, que organiza el espacio sudamericano en franjas multinacionales o corredores de integración, cuyo fin es resolver los problemas del transporte, energía y telecomunicaciones de poderosos sectores de países vecinos, principalmente Brasil, para lo cuál Bolivia, país ubicado en el centro de Sudamérica, ofrece las mejores condiciones para el cruce de la Cordillera de los Andes, considerado el principal obstáculo para el IIRSA.

Se pretende además consolidar la ocupación de la Amazonia. Entre los principales intereses que financian y promueven el IIRSA se encuentran los agronegocios de los grandes soyeros brasileños, preocupados por atravesar sus cargas hacia los puertos del Pacífico en Perú y Chile y a su paso convertir los bosques del Norte Amazónico al monocultivo de soya, eliminando las fuentes de ingresos de miles de recolectores, quebradoras, transportistas, financieras, comerciantes, certificadores, que viven de la producción de la nuez amazónica.
La estrategia de integración de infraestructura de Sudamérica no se restringe a la ejecución de proyectos físicos, sino que implica también la realización de cambios en las legislaciones, normas y reglamentos nacionales, a fin de facilitar el paso de cargas entre los países y forma parte de un modelo de desarrollo que es precisamente el que se pretende cambiar en el país.

¿ Y esto no beneficia a Bolivia?

Sobre los beneficios. La salida al Atlántico la viene ofreciendo el gobierno de Brasil desde el siglo pasado, pero el producto principal del norte amazónico, la castaña, es un alimento perecible que difícilmente podría mantener sus condiciones de calidad si tuviera que pasar 20 días a 40 grados o más que son las condiciones de transporte por el río Madera. Además las mejores condiciones de almacenamiento, humedad, temperatura y costos, se encuentran en El Alto, a mitad del camino a los puertos de embarque.
La conexión a la carretera Río Branco­Assis­Iñapari­ Puerto Maldonado­Puno, uno de los proyectos del Eje Interoceánico Perú­ Brasil­Bolivia, del IIRSA, en realidad no es ninguna oferta, ya que está programada a través del tramo Nareuda­Extrema, de poco interés para Bolivia, ya que no une poblaciones y menos puntos de comercio o producción. Su verdadero fin es ahorrar 100 kilómetros a la carretera interoceánica Brasil­Perú.

¿Y la electricidad que generen las represas?

El consumo nacional de electricidad en Bolivia no alcanza a 800 MW y el de la región a 20 MW. Por tanto, las obras del río Madera están dirigidas a la exportación, ya que las propuestas para Bolivia generarían alrededor de 3.600 MW, mientras que las situadas en territorio brasileño, más de 7.000 MW. Estas obras inviabilizarían las expectativas regionales de lograr energía eléctrica en un plazo breve a partir de pequeñas centrales hidroeléctricas, que es la opción asumida por las poblaciones del norte amazónico como Guayaramerín, Riberalta, Cachuela Esperanza y Cobija, debido a la inundación de territorios y modificación del curso y sentido de los afluentes. El acceso a energía a precios razonables es la demanda prioritaria de la región, ya que las condiciones actuales de generación en base a diesel importado y falta de regulación, elevan tanto el costo de la energía que inviabilizan cualquier proyecto de industrialización o aún de agregación de valor a productos en la región.

La aplicación de 10 años de reformas estructurales en el sector eléctrico logró la privatización de la generación y distribución eléctrica, profundizando las inequidades, las desigualdades regionales y las desigualdades urbano­rurales, porque se impulsaron sólo las inversiones rentables, dejando abandonadas las regiones y sistemas que no eran atractivos por su baja rentabilidad. Al retirar al Estado de las actividades operativas y productivas, se impidió la extensión del Sistema Interconectado, que habría posibilitado el acceso de energía a regiones abandonadas y a sectores que no tienen acceso.

¿Cuál sería el impacto ambiental de las represas?

Si el Estado actual está anclando sus perspectivas de crecimiento y desarrollo sólo en la exportación de energía, no está cambiando la esencia del modelo de desarrollo energético aplicado en el país en los últimos años. Cambios profundos al modelo requieren de la modificación del marco regulatorio ajustado a la nueva visión de país y a los nuevos objetivos de desarrollo; fortalecer y reestructurar las empresas residuales, compatibilizar los objetivos de desarrollo nacional, regional y local, conceptualizando el acceso a la energía como un derecho humano que no puede estar en manos del mercado porque el mercado es excluyente y margina a sectores socioeconómicos productivos y sociales considerados no aptos, que otras políticas sociales pretenden incluir.

Los cambios al modelo pasan también por generar una Política Energética diversificada tomando en cuenta las diversidades y potencialidades regionales y locales, en el marco de una intervención nacional con base en la ampliación del Sistema Interconectado Nacional y su complementariedad con sistemas de energías limpias de escala local y regional, lo que implica una mayor conexión y presencia del Estado en las regiones y la generación de capacidades para fiscalizar el cumplimiento de la normativa y la aplicación de la política con transparencia y en todos los niveles.

El sector energético es estratégico y de importancia vital para la seguridad nacional. En consecuencia, asumir un rol exportador de electricidad con megaproyectos como los del Complejo del río Madera o permitir que estos proyectos impacten sobre el territorio y sus pobladores, bajo algún tipo de negociación, sería hipotecar el futuro del país como lo ha hecho Paraguay con las represas Itaipú y Yacyretá, además de acabar con las posibilidades de resolver de manera inmediata las urgentes necesidades de energía de la región. Y lo que es peor, convertir a poderosos sectores económicos instalados en el vecino país y en su gobierno, en único comprador de la energía a generar, que además competiría con las exportaciones bolivianas de gas, resulta extremadamente peligroso, tomando en cuenta la continuidad de las políticas de ocupación de frontera y control territorial de Brasil. Y peor aún, cuando estas obras, con su enorme costo ambiental y social, están destinadas a destruir el futuro de la amazonía y de sus pobladores. Para el Estado boliviano pueden significar además la pérdida de soberanía bajo la figura de una supuesta gestión compartida del proyecto.

Edición No. 274 - 04-03-2007