El gasoducto a Cuiabá de 18 pulgadas de diámetro, para transportar 2,5 millones de m3/día de gas natural a una planta energética de Cuiabá en el suroeste del Brasil se encuentra actualmente concluido. Se origina en el gasoducto Bolivia-Brasil de 32 pulgadas ubicado a 18°32' de latitud sur y 60°39' de longitud oeste. Recorre hacia el noreste en una longitud de 360 Km pasando por la ciudad de San Matías, Bolivia. Overseas Private Investiment Corporation (OPIC) financió el proyecto de ENRON que tuvo un costo de US$. 120 millones.

El proyecto se encuentra en un proceso de investigación a través de una Auditoria Ambiental solicitada por organizaciones indígenas de los pueblos chiquitanos y ayoreos (OICH), quienes presentaron al anterior gobierno documentos del monitoreo independiente que respaldan las denuncias. Las denuncias contra las multinacionales ENRON y SHELL y organismos del Estado van desde el incumplimiento del plan de reforestación, incumplimiento del plan de desarrollo indígena, destrucción de hábitats de vida natural, destrucción del bosque seco chiquitano y violación de los derechos indígenas al promover la creación de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) formada por organizaciones conservacionistas, quienes inicialmente luchaban porque el gasoducto siga la ruta del camino a San Matías sin atravesar el bosque seco chiquitano y posteriormente cambiaron su posición aceptando y permitiendo la ejecución del proyecto atravesando y destruyendo un área importante del bosque. FCBC, formada a espaldas de grupos ambientalistas e impidiendo la participación de los pueblos indígenas afectados en la preservación de los recursos naturales en su propio territorio contaba con un presupuesto de US$ 20 millones provenientes de los promotores del proyecto del gasoducto; los hechos han demostrado que el supuesto Plan de Conservación del bosque nunca funcionó, sumándose a lo anterior, que el 2001, la Organización Indígena Chiquitana reveló a la prensa nacional que miembros de la FCBC realizaban biopiratería al exportar, sin autorización, material genético de una especie originaria de “maní silvestre” encontrada en el bosque chiquitano.

Por otra parte, en noviembre del 2002, organizaciones ambientalistas denunciaron el descubrimiento de una válvula construida en secreto por la multinacional para abastecer con gas la Mina Don Mario de propiedad de Orvana Mineral, empresa que tiene entre sus principales accionistas a Gonzalo Sánchez de Lozada. También se descubrió la construcción de un gasoducto privado de exclusividad para la mina del ex - Presidente boliviano, que no estaba considerado en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.

Efectos sobre el ambiente

Los impactos ambientales de la construcción del gasoducto están relacionados con la destrucción del Bosque Chiquitano: La construcción del gasoducto San Miguel-Cuiabá pasando por San Matías cruza el bosque seco chiquitano determinando una gran superficie de bosque destruido para la implantación del derecho de vía y de los accesos a la región. La destrucción del bosque chiquitano no sólo es irreversible y con efectos negativos sobre la biodiversidad, sino que produce consecuencias en la escala ecológica global. El mayor impacto ambiental negativo provocado durante la ejecución del proyecto ha sido el retiro de la vegetación y movimiento de tierra para la implantación del derecho de vía y los caminos de acceso. La apertura de nuevos caminos de acceso ha facilitado el asentamiento y explotación de zonas que no fueron ocupadas ni explotadas anteriormente, con el consecuente daño ocasionado por el asentamiento en lugares no previstos y/o prohibidos. La invasión sobre el territorio es principalmente para actividades como ganadería, agropecuaria, tala de árboles y caza.

La destrucción del bosque chiquitano significa pérdida de biodiversidad, deforestación, contaminación, reducción de las comunidades vegetales, mayor presión de caza sobre especies amenazadas y destrucción de hábitats naturales, degradación de los recursos por la ampliación de la frontera agrícola y extracción forestal que origina facilidad de penetración al bosque y promueve la destrucción de hábitats, amenazando a muchas especies.

El proyecto generó también invasión de comunidades, afectación a las propiedades agrícolas y ganaderas, apropiación de la tierra y migración hacia la región de gente de otras regiones, quienes se adueñan de tierras incrementando aún más los problemas no resueltos de tenencia. La presencia de personas ajenas al lugar incrementa la presión sobre los recursos naturales por el crecimiento de centros poblados, construcción de carreteras de acceso y desarrollo de proyectos mineros de gran envergadura que sólo dejan destrucción.

 

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