Distribución de la degradación ambiental

El Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo se define como una organización que articula el movimiento socioambiental boliviano incorporando organizaciones sociales, ecologistas, instituciones académicas y personas que trabajan en sus comunidades o en apoyo de ellas para la defensa de su ambiente y recursos naturales. Entre sus principales tareas ha establecido el apoyo a comunidades en la gestión de conflictos ambientales, promoviendo el ejercicio de los derechos ambientales e incorporando el enfoque de sustentabilidad en cada una de las áreas de trabajo, así como en el debate político nacional. Esta tarea responde al reconocimiento de que los conflictos ambientales no impactan por igual a todos y que reflejan diversas asimetrías no solo respecto a quienes son afectados sino a la distribución y acceso a los recursos naturales.

Para algunas visiones ambientalistas la degradación ambiental no respeta fronteras y los riesgos nos afectan a todos. Este concepto, apropiado por los países de la OECD, sirve de paradigma conceptual para hacer referencia a los cambios globales, pero oculta el hecho de que las jerarquías continúan y se acentúan y de que los riesgos ambientales son soportados por los más pobres. Y justamente porque esos riesgos son dirigidos hacia los más vulnerables, se tornan insolubles, invisibles y crecientes.

La idea de que la degradación ambiental, la contaminación o los efectos adversos del cambio climático se distribuyen igualmente, pervive e invade la retórica y políticas de demasiadas instituciones a cargo de conservar el ambiente “global”. Ideas como “Nuestro Futuro Común” distraen a quienes determinan las políticas y a los académicos de darse cuenta de que existe un patrón de exposición desproporcionada de daños ambientales y degradación entre aquellos que se encuentran marginalizados.

En 1999 cuando se publicó el libro Miradas, Voces y Sonidos: Conflictos Ambientales en Bolivia, las experiencias sistematizadas ponían en evidencia que los conflictos se encuentran en el centro de la temática ambiental revelando las estrechas vinculaciones de éstos con las estrategias de desarrollo del país.

Nuevos derechos y Conflictos Ambientales

Los derechos humanos, instituidos para garantizar a los hombres y mujeres la protección de las causas que atentan contra su dignidad y realización, se han ido reconociendo y estableciendo gradualmente. Así, los derechos ambientales, que surgen cuando se incorpora el concepto de solidaridad, están relacionados con la sustentabilidad ecológica y la diversidad cultural.

Hoy en día los nuevos movimientos sociales emergen a partir de conflictos ambientales y luchan por el reconocimiento de identidades étnicas y de las condiciones ecológicas para su desarrollo sustentable, lucha que implica la supervivencia del planeta y la humanidad en su conjunto, porque aplican los nuevos derechos ambientales que enfrentan los impactos generados por un modelo económico causante de los problemas ambientales globales y de la desigual distribución de sus impactos.

En Bolivia existe una larga historia de conflictos originados a partir de la manera en la que los diferentes grupos sociales aprovechan y/o acceden a los recursos naturales. En los últimos tiempos, el modelo de desarrollo que impone la privatización de los recursos naturales y promueve su explotación inmediata a cualquier costo, ha generado los peores conflictos ambientales de la historia del país. En Febrero del 2000 se produjo el peor desastre en la historia petrolera del país, cuando la empresa Transredes (Enron y Shell) provocó el derrame de 11000 barriles de petróleo en el río Desaguadero, efluente del Lago más importante de la región andina, el Titicaca, ambos cuerpos de agua que forman parte de la cuenca endorreica del Altiplano y que alimentan enormes reservorios de agua subterránea en las zonas más secas del planeta. El derrame contaminó no solo la principal fuente de agua para las comunidades, que es el río, sino también los canales de riego, los cultivos, praderas, animales, suelos, lugares de anidamiento de aves, aguas subterráneas, terminó con productos de exportación como la quinua orgánica, produjo la muerte de animales, malformaciones, graves problemas de salud, muchos de ellos reportados en la Auditoría Ambiental y otros denunciados por los pobladores locales.

La privatización también permitió el tendido de gasoductos que pasan por áreas ecológicamente vulnerables y por territorios indígenas, en nacientes de ríos y quebradas en las regiones chaqueña, chiquitana, amazónica y pantanera, extraordinariamente bien conservadas por las formas de vida de los pueblos que las habitaban, muchos de los cuales ahora están siendo divididos o expulsados, obligados a buscar otras formas de vida, lejos de sus territorios.

Asimismo, en la última década, se han sucedido los peores desastres mineros por el rompimiento de diques de colas, en el río Pilcomayo y sus afluentes, producto de la liberalización e incumplimiento de condiciones ambientales, contaminando la principal fuente de vida de pueblos como los tapietes y otros que viven en sus orillas.

Por todo ello, los remedios a la degradación ambiental no pueden ser equitativos. Se requiere enfrentar la sistemática e histórica injusticia, donde la “equidad” después de los hechos no puede ser suficiente, porque dejaría las injusticias pasadas irresueltas, institucionalizándolas, al no manejar, o peor aún, olvidar, los daños anteriores o la degradación ambiental.

Justicia Ambiental

Por Justicia Ambiental se entiende el conjunto de principios que aseguran que ningún grupo de personas, sean grupos étnicos, raciales o de clase, soporte una carga desproporcional de los impactos ambientales negativos de operaciones económicas, de políticas y programas nacionales, regionales o locales, así como resultantes de la ausencia u omisión de tales políticas. (LOW, GLEESON)

El concepto de justicia ambiental nació de las luchas del Movimiento Negro en Estados Unidos. A partir del aprendizaje de la lucha por los derechos civiles en los años sesenta, los grupos organizados de defensa de las poblaciones no anglo-sajonas comenzaron a percibir, a principio intuitivamente y después de manera sistemática, que las actividades muy poluentes y ambientalmente degradantes estaban distribuidas intencionalmente en el territorio estadounidense. Se concentraban en las regiones y barrios donde la población era sobretodo negra, indígena o latina. Ese "racismo ambiental" demostraba la coherencia entre la desigualdad social y la desigualdad ambiental, haciendo que las poblaciones excluidas y marginalizadas recibieran una parte desproporcional del impacto ambiental generado por el sistema socioeconómico. Las clases dominantes, aunque fueran responsables por la mayor parte de este impacto, a través de sus patrones de consumo y producción insustentables, "se protegían" de la degradación orientando los efectos de ella para el espacio colectivo y para los territorios ocupados por los sectores no anglo-sajones de la población.

En la actualidad, es necesario comprender que la calidad ambiental es un nuevo elemento discriminador, por lo que de debe comprender la necesidad de incorporar el análisis de clases y estratificación social.

Existen algunos factores genéricos e ideológicos que han contribuido a dificultar la percepción de las injusticias ambientales, de la distribución desigual de los riesgos ambientales entre países y entre clases sociales y etnias dentro de cada país. Estos son:

- El conservacionismo de una corriente del movimiento ambientalista que cree que los problemas ambientales son democráticos, que afectan a todos y que solo es una verdad de largo plazo cuando, como dijo el economista Keynes, “todos estaremos muertos”.

- El productivismo generalizado y también asumido por el movimiento de trabajadores, que incorpora la búsqueda por el crecimiento sin cuestionar sus implicaciones.

- Un pragmatismo inmediatista que, al destacar la reconocida prioridad de tener que comer y donde abrigarse, acaba descalificando la búsqueda por la justicia ambiental y la calidad de vida, convirtiéndose en una forma de pensamiento resignado. Para el movimiento de los trabajadores la cuestión del dilema entre preservación de los puestos de trabajo y protección del medio ambiente siempre fue colocado como un limitante de sus acciones. Asi, se crea una fuerza por la complicidad involuntaria de los trabajadores en nombre de su supervivencia económica, un cuadro de injusticia crónica y de aceptación resignada de las fatalidades ambientales.

Necesidad de un espacio de análisis y articulación

Por lo señalado, es necesario crear un espacio de análisis y reflexión en el campo del ecologismo y de la Sociología Ambiental, que busque analizar, desde la perspectiva de las jerarquías sociales, es decir de las desigualdades de clase, la problemática de la degradación ambiental y las amenazas consecuentes a la salud colectiva de las poblaciones más vulnerables, reflexionando sobre los conceptos de desigualdades sociales, desde la perspectiva de calidad de vida y de las condiciones socioambientales.

Muchas organizaciones sociales trabajan por la justicia ambiental, aunque no se definan como tales, por lo que es necesario buscar su articulación en torno a esas reflexiones y la configuración de un nuevo orden jurídico fundado en los nuevos derechos que hoy surgen en relación con la sustentabilidad ecológica y la diversidad cultural y bajo los principios de Justicia Ambiental.