CUANDO LA FUERZA SE IMPONE A LA RAZON

(CASO INTI RAYMI)


 



La Constitución Política del Estado boliviano, en el artículo 158, parágrafo primero especifica: "El Estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de la población y asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia".

Pero, a pesar de ser esta una de las responsabilidades fundamentales del Estado, han sido más bien las comunidades afectadas por las actividades mineras de la Empresa Inti Raymi, las que por más de dos años han solicitado y realizado todas las gestiones necesarias para lograr la ejecución de una Auditoria Ambiental transparente de todo el área de influencia de la empresa.

Si bien es un logro que las comunidades por si mismas, hayan llevado adelante un proceso tan importante, este hecho deja claro también que el Estado no cumple con uno de sus deberes fundamentales: proteger y velar por la seguridad de la población. Hasta donde podemos ver, el Estado se limita a regentar la adjudicación de nuestros recursos naturales, sin velar por la forma cómo las empresas actuan en los territorios concesionados.

Tras estos dos años y tras una larga y tortuosa espera, el Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, ha resuelto declarar desierta la Convocatoria Pública Internacional 001/2004, efectuada para la contratación de una Empresa Auditora para la realización de la Auditoria Ambiental al área de influencia de la concesión minera Kori Kollo de la Empresa Minera Inti Raymi.

El argumento central para declarar desierta está convocatoria es "que es deber de las autoridades nacionales evitar los desencuentros y diferencias entre bolivianos en momentos en que es necesario lograr la unidad nacional". Nuestra pregunta es ¿a qué desencuentros y diferencias se refiere el Viceministro?, cuando las conclusiones del análisis de las propuestas y los hechos son sumamente claros.

Parece ser que las autoridades olvidan que los afectados directos son los comunarios de la zona, quienes no sólo tienen el derecho a reclamar, sino que además tienen el derecho a ser escuchados y atendidos y lo mas importante que son ellos, los representantes del gobierno, los que deben velar por el cumplimiento de estos derechos.

El proceso iniciado por las comunidades es legítimo y legal, y ha logrado ser permanente por más de dos años, a pesar del casi inexistente apoyo de las instituciones regionales y de los muchos intentos de división.

Organizados en por lo menos dos comités, uno que representa a la Provincia Saucarí y otro a la Provincia Cercado, han pedido ser partícipes de todo el proceso a través de sus representantes.

En la etapa de selección de la empresa auditora, estos representantes han denunciado, en más de una oportunidad, anomalías. Es más, los asesores del Senado y de los Diputados también han denunciado una clara parcialización de técnicos del Viceministerio y otros, con la Empresa Arcadis - Ecología Empresa, denuncias que no han sido tomadas en cuenta.

La revisión de la documentación presentada por ambas entidades postulantes, nos permite constatar que el proceso de calificación con la participación hasta el final de la Empresa Arcadis - Ecología Empresa y la Universidad de Linköping, ha sido incorrecto. Algunas de las observaciones al proceso de calificación son:

• No se ha considerado las denuncias presentadas por los comunarios sobre los vínculos comerciales entre la Empresa Arcadis y la Empresa Newmont,hecho que fue comprobado no sólo con la traducción de las páginas web (La traducción demoró casi un mes y se justificó esta demora argumentando que el Estado no tiene plata para ello), sino además en la hoja de presentación (currículo) de la Empresa Arcadis se hace mención a la relación existente entre ambas empresas, hecho obviado al momento de la calificación.

• En lo relacionado a la experiencia de la entidad postulante en trabajos en "países en vías de desarrollo", no se ha considerado que Linköping a través de su brazo operativo, como es Servicio Geológico de Suecia, ha realizado el Proyecto Piloto Oruro, que es uno de los diagnósticos ambientales más importantes de la región.

• Las técnicas de levantamiento de datos, los análisis propuestos y los estudios a realizarse son mucho más específicos y detallados en la
propuesta de Linköping, además que están en correlación con el cronograma establecido. En la propuesta de Arcadis hay una visión muy reducida de la Auditoria Ambiental, expresada en su metodología y tiempo de realización de la misma (casi 4 meses).

• Del personal técnico presentado por la empresa Arcadis, 13 miembros tienen nacionalidad chilena y son los responsables de las áreas de
investigación, lo que se constituye en un serio atentado a la seguridad nacional.

• En la calificación del hidrogeólogo, la empresa Arcadis tiene un puntaje de 5, en vista de que el responsable es de profesión geólogo con
especialidad en hidrogeología. Pero la Universidad de Linköping presenta a dos personas para ocuparse de estos temas: uno específicamente para aguas subterráneas y otro para aguas superficiales con especialidades en esta ramas. Por lo que no se justifica la calificación de solamente 2 puntos a la Universidad.

• En el item de sociólogo, hay una visión demasiado miope de la comisión calificadora; se pone "0" a la Universidad de Linköping, sin considerar que en el Personal Directivo se específica la participación de Mats Lundberg, con maestría en antropología cultural y doctorado en medio ambiente. Mientras que para la socióloga de Arcadis, que es solamente licenciada en sociología (y doctora en economía), se da 2 puntos. Esta diferencia de 2 puntos, que es la expresión de una falta de valoración de la profesión del antropólogo, ya sería suficiente para que sea Linköping y no Arcadis ganador de la convocatoria.

• En la calificación de Arcadis, no se da el nombre del jefe de equipo ( a pesar de recibir 2 puntos), ni del agrónomo (a pesar de recibir el máximo de 5 puntos).

Si se quisiera cumplir las leyes y apoyar a un proceso transparente en la adjudicación de la Auditoria Ambiental, haciendo una revisión objetiva de las propuestas presentadas y de los vínculos entre Arcadis y Newmont, la entidad ejecutora de la Auditoria Ambiental de las operaciones mineras de la Empresa Inti Raymi, debería ser la Universidad de Linköping.

Pero cuando la fuerza se impone a la razón y puede más la presión injustificada, entonces todos los argumentos por más razonables y científicos que sean no son tomados en cuenta.

Ely López
CEPA

 

Palabras para un nuevo diccionario:

Chantaje ambiental: Preocupación de las algunas organizaciones
ambientalistas por exigir responsabilidad ambiental, social y económica de
las empresas TRANSNACIONALES que ingresan a la región.

 

CHIWANKU N°242
Boletín semanal del CENTRO DE ECOLOGIA Y PUEBLOS ANDINOS (CEPA),
CENTRO DE APOYO A LA EDUCACION POPULAR - HUANUNI (CAEP), CENTRO DE EDUCACION TEC.
HUM. AGROPECUARIO - SOCAMANI (CETHA)
Oruro - Bolivia.04-10-04 Fono: 5263613 www.cedib.org/cepa/

 

 

 

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