La Constitución Política del Estado boliviano, en
el artículo 158, parágrafo primero especifica: "El
Estado tiene la obligación de defender el capital humano
protegiendo la salud de la población y asegurando la continuidad
de sus medios de subsistencia".
Pero, a pesar de ser esta una de las responsabilidades
fundamentales del Estado, han sido más bien las comunidades
afectadas por las actividades mineras de la Empresa Inti Raymi,
las que por más de dos años han solicitado y realizado
todas las gestiones necesarias para lograr la ejecución de
una Auditoria Ambiental transparente de todo el área de influencia
de la empresa.
Si bien es un logro que las comunidades por si
mismas, hayan llevado adelante un proceso tan importante, este hecho
deja claro también que el Estado no cumple con uno de sus
deberes fundamentales: proteger y velar por la seguridad de la población.
Hasta donde podemos ver, el Estado se limita a regentar la adjudicación
de nuestros recursos naturales, sin velar por la forma cómo
las empresas actuan en los territorios concesionados.
Tras estos dos años y tras una larga y tortuosa
espera, el Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente,
ha resuelto declarar desierta la Convocatoria Pública Internacional
001/2004, efectuada para la contratación de una Empresa Auditora
para la realización de la Auditoria Ambiental al área
de influencia de la concesión minera Kori Kollo de la Empresa
Minera Inti Raymi.
El argumento central para declarar desierta está
convocatoria es "que es deber de las autoridades nacionales
evitar los desencuentros y diferencias entre bolivianos en momentos
en que es necesario lograr la unidad nacional". Nuestra pregunta
es ¿a qué desencuentros y diferencias se refiere el
Viceministro?, cuando las conclusiones del análisis de las
propuestas y los hechos son sumamente claros.
Parece ser que las autoridades olvidan que los
afectados directos son los comunarios de la zona, quienes no sólo
tienen el derecho a reclamar, sino que además tienen el derecho
a ser escuchados y atendidos y lo mas importante que son ellos,
los representantes del gobierno, los que deben velar por el cumplimiento
de estos derechos.
El proceso iniciado por las comunidades es legítimo
y legal, y ha logrado ser permanente por más de dos años,
a pesar del casi inexistente apoyo de las instituciones regionales
y de los muchos intentos de división.
Organizados en por lo menos dos comités,
uno que representa a la Provincia Saucarí y otro a la Provincia
Cercado, han pedido ser partícipes de todo el proceso a través
de sus representantes.
En la etapa de selección de la empresa auditora,
estos representantes han denunciado, en más de una oportunidad,
anomalías. Es más, los asesores del Senado y de los
Diputados también han denunciado una clara parcialización
de técnicos del Viceministerio y otros, con la Empresa Arcadis
- Ecología Empresa, denuncias que no han sido tomadas en
cuenta.
La revisión de la documentación presentada
por ambas entidades postulantes, nos permite constatar que el proceso
de calificación con la participación hasta el final
de la Empresa Arcadis - Ecología Empresa y la Universidad
de Linköping, ha sido incorrecto. Algunas de las observaciones
al proceso de calificación son:
• No se ha considerado las denuncias presentadas
por los comunarios sobre los vínculos comerciales entre la
Empresa Arcadis y la Empresa Newmont,hecho que fue comprobado no
sólo con la traducción de las páginas web (La
traducción demoró casi un mes y se justificó
esta demora argumentando que el Estado no tiene plata para ello),
sino además en la hoja de presentación (currículo)
de la Empresa Arcadis se hace mención a la relación
existente entre ambas empresas, hecho obviado al momento de la calificación.
• En lo relacionado a la experiencia de la
entidad postulante en trabajos en "países en vías
de desarrollo", no se ha considerado que Linköping a través
de su brazo operativo, como es Servicio Geológico de Suecia,
ha realizado el Proyecto Piloto Oruro, que es uno de los diagnósticos
ambientales más importantes de la región.
• Las técnicas de levantamiento de
datos, los análisis propuestos y los estudios a realizarse
son mucho más específicos y detallados en la
propuesta de Linköping, además que están en correlación
con el cronograma establecido. En la propuesta de Arcadis hay una
visión muy reducida de la Auditoria Ambiental, expresada
en su metodología y tiempo de realización de la misma
(casi 4 meses).
• Del personal técnico presentado
por la empresa Arcadis, 13 miembros tienen nacionalidad chilena
y son los responsables de las áreas de
investigación, lo que se constituye en un serio atentado
a la seguridad nacional.
• En la calificación del hidrogeólogo,
la empresa Arcadis tiene un puntaje de 5, en vista de que el responsable
es de profesión geólogo con
especialidad en hidrogeología. Pero la Universidad de Linköping
presenta a dos personas para ocuparse de estos temas: uno específicamente
para aguas subterráneas y otro para aguas superficiales con
especialidades en esta ramas. Por lo que no se justifica la calificación
de solamente 2 puntos a la Universidad.
• En el item de sociólogo, hay una
visión demasiado miope de la comisión calificadora;
se pone "0" a la Universidad de Linköping, sin considerar
que en el Personal Directivo se específica la participación
de Mats Lundberg, con maestría en antropología cultural
y doctorado en medio ambiente. Mientras que para la socióloga
de Arcadis, que es solamente licenciada en sociología (y
doctora en economía), se da 2 puntos. Esta diferencia de
2 puntos, que es la expresión de una falta de valoración
de la profesión del antropólogo, ya sería suficiente
para que sea Linköping y no Arcadis ganador de la convocatoria.
• En la calificación de Arcadis, no
se da el nombre del jefe de equipo ( a pesar de recibir 2 puntos),
ni del agrónomo (a pesar de recibir el máximo de 5
puntos).
Si se quisiera cumplir las leyes y apoyar a un
proceso transparente en la adjudicación de la Auditoria Ambiental,
haciendo una revisión objetiva de las propuestas presentadas
y de los vínculos entre Arcadis y Newmont, la entidad ejecutora
de la Auditoria Ambiental de las operaciones mineras de la Empresa
Inti Raymi, debería ser la Universidad de Linköping.
Pero cuando la fuerza se impone a la razón
y puede más la presión injustificada, entonces todos
los argumentos por más razonables y científicos que
sean no son tomados en cuenta.
Ely López
CEPA
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