Jorge Molina Carpio
Desde la década de 1930 se viene desarrollando
la idea de construir presas en la cuenca del río Bermejo,
pero es a mediados del 70 que se identifican varios proyectos
concretos de presas de propósitos múltiples: energía
eléctrica, control de sedimentos, control de inundaciones,
riego, turismo, piscicultura, etc. Sin embargo, es durante la
década de los 90 que se toman los pasos más importantes.
Así durante la gestión de los presidentes Menem
en Argentina y Sánchez de Lozada en Bolivia, se firma
el Acuerdo de Orán y sus Protocolos Complementarios,
en los cuales se definen las lineas maestras a seguir para el
desarrollo y ejecución de los proyectos de Las Pavas
y Arrazayal sobre el Bermejo y Camban sobre el río Grande
de Tanja, que fueron seleccionados como los más viables.
Desde un principio, las presas han sido proyectadas
para ser construidas y explotadas por medio de concesiones a
empresas privadas, a través de una licitación
pública internacional. La inversión prevista sobrepasa
los 500 millones de dólares en una región de alto
valor ambiental y al mismo tiempo de desarrollo insuficiente.
Las concesiones prevén que los adjudicatarios tendrán
el derecho de explotar y comercializar los productos resultantes,
tales como energía hidroeléctrica y agua regulada
para diferentes usos, como riego, consumo humano e industrial,
etc.
Tanto las condiciones previstas en los Acuerdos
de Orán y sus Protocolos, como diversos aspectos de los
estudios y proyectos, han sido cuestionados y observados por
organismos regionales y cívicos de ambos países
y también por organizaciones ambientales y de desarrollo.
En este contexto y buscando contribuir a la discusión
con información reciente y fundamentada, se llevó
a cabo un análisis técnico y ambiental de los
tres proyectos, que es parte de un estudio más grande
sobre varios proyectos de presas en Bolivia, que está
siendo encarado por el Foro Boliviano del Medio Ambiente y Desarrollo
(FOBOMADE).
Los resultados del análisis muestran
que desde el punto de vista ambiental, los tres proyectos se
ubican en un rango intermedio en cuanto a impactos negativos
se refiere, siendo ligeramente mejor la situación de
Las Pavas con respecto a los otros dos embalses. Ninguna de
las presas puede ser calificada de “mala”, pero
la magnitud de algunos impactos tampoco permite consideradas
como “buenas” o benignas ambientalmente. Sin embargo,
la evaluación de los proyectos es sensible a ciertos
indicadores que aún no han sido estudiados con suficiente
profundidad y que pueden cambiar en futuros estudios. Además
esos estudios deberían incluir en forma explícita
la valoración de costos ambientales, lo que hasta el
momento no ha ocurrido.
En cambio, desde el punto de vista económico
y financiero, los tres proyectos son inviables: casi todos los
indicadores son negativos aún bajo los supuestos relativamente
optimistas que se usaron en los estudios. La evolución
reciente del mercado eléctrico en Argentina y el probable
aumento del costo de los proyec
tos, seguramente tenderán a hacer más negativos
esos índices. Sin embargo, es importante destacar que
la presa de Arrazayal presenta los mejores indices (o si se
quiere, los menos negativos), con una diferencia apreciable
respecto a las otras dos.
Para la generación eléctrica,
que es el único uso que pudo ser evaluado con cierta
precisión por los proyectistas, los indicadores financieros
son aún peores que los económicos, lo que evidentemente
desanimaría a los posibles inversionistas privados. En
Bolivia (y seguramente en Argentina) hay varios proyectos hídro
y termoeléctricos que pueden generar energía a
precios mucho más bajos que los que son objeto de este
análisis. De ahí la oferta del Gobierno Argentino
de asignar o subvencionar hasta 270 millones de dólares
del costo de las presas del Bermejo y sus obras complementarias,
de manera de hacer rentables los proyectos sólo con la
producción de energía. Aunque no es posible conocer
las razones de esa subvención, que aún no ha sido
concretada, cabe suponer que provienen de una valoración
de otros beneficios que no fueron evaluados con precisión
en los Estudios de Factibilidad. Esos beneficios incluyen el
control de inundaciones, el control de sedimentos y la posibilidad
de desarrollo bajo riego de una extensa superficie en el Bermejo
Medio e Inferior.
Los proyectos plantean otros interrogantes
de gran importancia que están relacionados con la modalidad
de explotación mediante concesión a empresas privadas.
Uno de ellos es si en los contratos de concesión existirá
la posibilidad de que los gobiernos puedan suspender la ejecución
de los proyectos si, por ejemplo, en los estudios a nivel de
Diseño Final se hace evidente que los costos y/o impactos
que tendrán que absorber los Estados o regiones son demasiado
grandes. Y sí esa suspensión no significará
el pago de grandes indemnizaciones.
En el caso de Bolivia, el análisis no
puede pasar por el supuesto demasiado simple que el país
sólo puede obtener beneficios, por el hecho de que el
Estado no invertiría dinero en los proyectos. El país
inevitablemente asumirá costos como la inundación
de 6000 hectáreas, incluyendo un bosque subtropical de
gran potencial biológico, hidrológico y de absorción
de gases de efecto invernadero, la inundación de infraestructura
productiva y la retención de una gran cantidad de sedimentos
por los embalses, etc. Esto fue comprendido desde un inicio
por las instituciones regionales del departamento de Tarija
y su Comité Cívico y se tradujo en demandas claras
como el pago por las aguas reguladas, las regalías por
exportación de energía eléctrica, la indemnización
a los afectados por los embalses, la evaluación de impacto
ambiental, la valoración de los servicios que prestan
las dos áreas protegidas que serán afectadas y
otras. La posición expresada por ese Comité es
que mientras no se resuelvan todos esos puntos, no existirá
acuerdo con la ejecución de los proyectos.
FOBOMADE
Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo
http://www.fobomade.org.bo
fobomade@fobomade.org.bo
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