Son viables las presas en la cuenca del Río Bermejo?

 

Jorge Molina Carpio

Desde la década de 1930 se viene desarrollando la idea de construir presas en la cuenca del río Bermejo, pero es a mediados del 70 que se identifican varios proyectos concretos de presas de propósitos múltiples: energía eléctrica, control de sedimentos, control de inundaciones, riego, turismo, piscicultura, etc. Sin embargo, es durante la década de los 90 que se toman los pasos más importantes. Así durante la gestión de los presidentes Menem en Argentina y Sánchez de Lozada en Bolivia, se firma el Acuerdo de Orán y sus Protocolos Complementarios, en los cuales se definen las lineas maestras a seguir para el desarrollo y ejecución de los proyectos de Las Pavas y Arrazayal sobre el Bermejo y Camban sobre el río Grande de Tanja, que fueron seleccionados como los más viables.

Desde un principio, las presas han sido proyectadas para ser construidas y explotadas por medio de concesiones a empresas privadas, a través de una licitación pública internacional. La inversión prevista sobrepasa los 500 millones de dólares en una región de alto valor ambiental y al mismo tiempo de desarrollo insuficiente. Las concesiones prevén que los adjudicatarios tendrán el derecho de explotar y comercializar los productos resultantes, tales como energía hidroeléctrica y agua regulada para diferentes usos, como riego, consumo humano e industrial, etc.

Tanto las condiciones previstas en los Acuerdos de Orán y sus Protocolos, como diversos aspectos de los estudios y proyectos, han sido cuestionados y observados por organismos regionales y cívicos de ambos países y también por organizaciones ambientales y de desarrollo. En este contexto y buscando contribuir a la discusión con información reciente y fundamentada, se llevó a cabo un análisis técnico y ambiental de los tres proyectos, que es parte de un estudio más grande sobre varios proyectos de presas en Bolivia, que está siendo encarado por el Foro Boliviano del Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE).

Los resultados del análisis muestran que desde el punto de vista ambiental, los tres proyectos se ubican en un rango intermedio en cuanto a impactos negativos se refiere, siendo ligeramente mejor la situación de Las Pavas con respecto a los otros dos embalses. Ninguna de las presas puede ser calificada de “mala”, pero la magnitud de algunos impactos tampoco permite consideradas como “buenas” o benignas ambientalmente. Sin embargo, la evaluación de los proyectos es sensible a ciertos indicadores que aún no han sido estudiados con suficiente profundidad y que pueden cambiar en futuros estudios. Además esos estudios deberían incluir en forma explícita la valoración de costos ambientales, lo que hasta el momento no ha ocurrido.

En cambio, desde el punto de vista económico y financiero, los tres proyectos son inviables: casi todos los indicadores son negativos aún bajo los supuestos relativamente optimistas que se usaron en los estudios. La evolución reciente del mercado eléctrico en Argentina y el probable aumento del costo de los proyec
tos, seguramente tenderán a hacer más negativos esos índices. Sin embargo, es importante destacar que la presa de Arrazayal presenta los mejores indices (o si se quiere, los menos negativos), con una diferencia apreciable respecto a las otras dos.

Para la generación eléctrica, que es el único uso que pudo ser evaluado con cierta precisión por los proyectistas, los indicadores financieros son aún peores que los económicos, lo que evidentemente desanimaría a los posibles inversionistas privados. En Bolivia (y seguramente en Argentina) hay varios proyectos hídro y termoeléctricos que pueden generar energía a precios mucho más bajos que los que son objeto de este análisis. De ahí la oferta del Gobierno Argentino de asignar o subvencionar hasta 270 millones de dólares del costo de las presas del Bermejo y sus obras complementarias, de manera de hacer rentables los proyectos sólo con la producción de energía. Aunque no es posible conocer las razones de esa subvención, que aún no ha sido concretada, cabe suponer que provienen de una valoración de otros beneficios que no fueron evaluados con precisión en los Estudios de Factibilidad. Esos beneficios incluyen el control de inundaciones, el control de sedimentos y la posibilidad de desarrollo bajo riego de una extensa superficie en el Bermejo Medio e Inferior.

Los proyectos plantean otros interrogantes de gran importancia que están relacionados con la modalidad de explotación mediante concesión a empresas privadas. Uno de ellos es si en los contratos de concesión existirá la posibilidad de que los gobiernos puedan suspender la ejecución de los proyectos si, por ejemplo, en los estudios a nivel de Diseño Final se hace evidente que los costos y/o impactos que tendrán que absorber los Estados o regiones son demasiado grandes. Y sí esa suspensión no significará el pago de grandes indemnizaciones.

En el caso de Bolivia, el análisis no puede pasar por el supuesto demasiado simple que el país sólo puede obtener beneficios, por el hecho de que el Estado no invertiría dinero en los proyectos. El país inevitablemente asumirá costos como la inundación de 6000 hectáreas, incluyendo un bosque subtropical de gran potencial biológico, hidrológico y de absorción de gases de efecto invernadero, la inundación de infraestructura productiva y la retención de una gran cantidad de sedimentos por los embalses, etc. Esto fue comprendido desde un inicio por las instituciones regionales del departamento de Tarija y su Comité Cívico y se tradujo en demandas claras como el pago por las aguas reguladas, las regalías por exportación de energía eléctrica, la indemnización a los afectados por los embalses, la evaluación de impacto ambiental, la valoración de los servicios que prestan las dos áreas protegidas que serán afectadas y otras. La posición expresada por ese Comité es que mientras no se resuelvan todos esos puntos, no existirá acuerdo con la ejecución de los proyectos.



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Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo
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