BOLIVIA-BRASIL:
RELACIONES ENERGETICAS, INTEGRACION Y MEDIO AMBIENTE |
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PATRICIA MOLINA 1. Renegociación del Contrato de venta de gas Bolivia-Brasil En enero del 2003 Petrobras oficializó a YPFB la solicitud de revisión del contrato de compra venta de gas entre ambas empresas, la misma que incluía la revisión del volumen de compras, del precio y la anulación del Take or Pay. Para algunos especialistas, en ese momento Brasil tenía un gran poder de presión porque se trataba del único gran mercado consumidor para el gas boliviano, aunque Bolivia era también el único abastecedor capaz de atender toda la demanda brasileña, lo cual se confirmó un año más tarde luego de la crisis energética argentina, que arrastró a varios países, entre ellos a Chile. El tiempo y los sucesos de octubre se encargaron de encausar las negociaciones o más bien de darlas por terminadas. Después de la salida del ex presidente Gonzalo Sanchez de Lozada, como muestra de apoyo al nuevo gobierno boliviano, el gobierno brasilero no volvió a pedir la renegociación y más bien los volúmenes de importación de gas fueron incrementados hasta alcanzar cerca del volumen acordado en el contrato, lo que de todos modos coincide con el incremento de la demanda interna de Brasil. Las cláusulas Take or Pay y Delivery or Pay establecen penalizaciones diferentes tanto para el comprador como para el vendedor en caso de que no se cumplan con los volúmenes acordados, aunque de todos modos el comprador recibirá el gas cuando lo demande, por lo que se trata de un pago por adelantado. Los contratos fueron firmados entre Petrobras y YPFB. Por las acciones que posee en los principales pozos con reservas certificadas, Petrobras tiene un doble rol, como vendedor y como comprador. La participación de Petrobras en el total exportado al Brasil es de 52.9% y tiene la mayor participación en el total de ventas durante el periodo 1999-2002 con el 40%, seguida del resto de las petroleras que agregan gas (20%), las transportadoras Frontera y Río Grande (17%), el Tesoro General de la Nación (13.5%), los departamentos (4.9%) y YPFB (2.5%). Los argumentos para intentar la renegociación del precio y del volumen se basaban en que, el precio del gas boliviano no era competitivo, razón por la que el mercado brasileño no podía expandirse tal como estaba previsto en el contrato. El planteamiento era reducir el precio para estimular el consumo en el mercado de Brasil. Luego de la crisis energética que vivió Brasil en mayo del 2001, entre otros aspectos, a consecuencia de la baja del nivel de las represas hidroeléctricas, el gobierno estableció medidas para reducir la demanda energética o impulsar el ahorro de energía, las cuales alcanzaron éxitos inesperados. Por ejemplo, en Sao Paulo, se registró un baja del 22.2% en el consumo de electricidad . Al año siguiente, cuando llovió por encima de la media y las represas volvieron a llenarse, se produjo un sobreabastecimiento que hizo bajar los precios de la energía hidroeléctrica por debajo de sus costos, (de R$ 700/R$/Kw 4R$/Kw) poniendo fuera de competencia no solo al gas boliviano en Sao Paulo, sino también al gas brasileño o argentino. Asi, luego de dos años de obligar a los brasileros a reducir el consumo, el gobierno pasó a incentivar exactamente lo opuesto, debido a que el excedente a comienzos del 2003 era mucho mayor de lo que los técnicos del sector admitían inicialmente. (7500 MW) Para algunos analistas, si el Brasil hubiese invertido recursos públicos en medidas agresivas para promover la conservación y eficiencia de energía y alternativas energéticas disponibles, habría diferido la urgencia de la crisis energética, ganando tiempo para planear mejor un futuro energético sustentable. En lugar de ello, la crisis energética fue aprovechada por organismos como el BID y la CAF, para estimular inversiones en megaproyectos de energía en Brasil y actualmente también de infraestructura en Bolivia, como los cuestionados proyectos de las represas del Madera. Los gobernantes brasileños negociaron hábilmente el precio del gas boliviano puesto en Sao Paulo, donde los costos de transporte duplican el precio de Corumbá, siendo que el gas boliviano era y es altamente competitivo en las regiones cercanas a la frontera y aledañas . A inicios de mayo del 2003 las negociaciones no habían avanzado significativamente. Durante el primer semestre de ese año, la factura por el Take or Pay ascendió a 130 millones de dólares pero Petrobras se negó a pagar aduciendo que la infraestructura boliviana para el transporte del insumo no había sido completada, por lo que aún si la compañía hubiera demandado el gas comprometido, no se podría haber concretado . Después de Octubre, se acordó que Brasil pague una media entre lo calculado por YPFB (110 millones de dólares) y la de Petrobras (88 millones de dólares) por el año 2002, monto que ya debería estar cancelado. Con respecto a la penalización por el año 2003 no se conocen acuerdos. 2. Gas e integración regional El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva enfatiza su interés por la integración regional, uno de los objetivos de su campaña electoral. Para llevar adelante esa política cuenta con el Banco Nacional de Desarrollo-BNDES y la Corporación Andina de Fomento CAF. El primero cuenta con un financiamiento superior a la CAF en un 35 a 40%, con un patrimonio de alrededor de 100000 millones de dólares. La CAF tiene cerca de 200 “proyectos de integración” en cartera, incluyendo el megaproyecto de construcción de represas en el río Madera y en el río Beni, para hacerlos navegables y abrir una ruta de exportación, para la expansión de la soya en la Amazonía. Para la ministra brasileña Dilma Rousseff la integración energética con Bolivia es estratégica y tiene el objetivo de formar un inmenso mercado consumidor que comparta infraestructura entre Argentina, Brasil y Chile. Para la ministra, Bolivia es un jugador desequilibrante en energía para el Mercosur, tomando en cuenta su potencial energético, no solo por las reservas de gas que están sin mercado, sino por el potencial que tiene la generación de electricidad en base al gas natural. A lo que se sumaría una posición geopolítica envidiable, debido a que la tendencia del flujo entre los puertos del Pacífico y del Atlántico es la del tránsito por Bolivia. En este marco, es importante recordar que el gasoducto Bolivia-Brasil fue concebido más que como una obra de integración energética entre dos países, como parte de un plan para conectar reservas en ese momento, no interesantes (en Bolivia y Perú: Camisea) y hacerlas disponibles para el mercado brasileño. Por este motivo, se incluyeron las claúsulas de penalización: el Take or Pay y el Delivery or Pay. En el primer caso en realidad se trata de un pago por adelantado del gas no consumido, pero en el segundo es una verdadera penalización económica para el caso de que Bolivia no pudiera cumplir con el volumen comprometido. Las reservas probadas actuales demuestran los cálculos errados de los brasileños y las agencias financieras multilaterales, por lo que la renegociación de los precios del gas que se estaba llevando a cabo en el gobierno de Sanchez de Lozada no era pertinente. Lo que es aún más preocupante es que la estrategia brasileña para renegociar el contrato introdujo la oferta de “proyectos de integración física”, que en realidad son de interés del país vecino, como se verá más adelante. Entre estos proyectos se destaca el “Complejo del Río Madera”, respecto al cuál, el Secretario General del Ministerio de Minas y Energía, Mauricio Tomalsquin dijo: Madera podría ser una útil herramienta de negociación con el gobierno de Bolivia, mientras que el presidente de BNDES, Carlos Lessa sostuvo: “Brasil promueve su propia versión de la conquista del oeste en una zona selvática vecina a Perú y Bolivia, con un megaproyecto que ilustra los sueños de integración de América del Sur, en cuyas fronteras todo está por hacer…” El proyecto “Complejo del Río Madera” se basa en el Inventario Hidroeléctrico del río Madera realizado por FURNAS, Odebrecht y PCE el 2003, con el objetivo principal de lograr una “mayor integración de la Cuenca Amazónica en el Mercado Consumidor de Energía Eléctrica, así como para la integración de la navegación entre Brasil, Bolivia y Perú, consolidando este corredor de exportación para América del Norte, Europa y Africa, asi como para la propia América del Sur”. Incluye un conjunto de obras, entre las cuales se encuentran dos hidroeléctricas en el tramo Abuná y Porto Velho, en el Estado de Rondonia en Brasil; esclusas , la detonación de la Cachuela Teotonio y otras obras aún no definidas en el trecho binacional Abuná-Guajaramirim, para el cuál se ha propuesto también una represa con esclusas, en un tramo con una presencia importante de cachuelas, que tendrán que ser eliminadas para la navegación. Comprende también la construcción de una represa en Cachuela Esperanza, en el río Beni en Bolivia, cerca de su confluencia con el río Mamoré, para proveer energía al Brasil y el establecimiento de puertos necesarios para la implantación de la Hidrovía de los ríos Madera-Guaporé-Mamoré-Beni-Madre de Dios y Orthom . El proyecto está siendo propagandizado en Brasil y Bolivia para la “generación de energía en cantidades significativas y de bajo costo y para la consolidación del Polo de Desarrollo Industrial del Agrobusiness en la región oeste del Brasil y la Amazonía boliviana” y se justifica tanto en la generación de energía, como en la reducción de los costos de transporte de granos y otros commodities. Prevee generar 7480 megavatios de electricidad en el lado brasileño y otros 3000 megavatios en Bolivia, lo que significa tres veces la demanda energética de este país. Ello en una de las regiones menos pobladas, donde las necesidades de la población alcanzarían como máximo 20 megavatios. Nuevamente Brasil o las empresas brasileñas se constituirían en el único comprador de toda la energía producida, imponiendo condiciones de compra, contratos y precios, con el agravante de que producirían bastante energía que tendría primero que ser utilizada en el vecino país. Lessa reconoce que el proyecto tendrá un enorme impacto ambiental. El abaratamiento de los costos de transporte impulsará la producción de soya, de acuerdo a los cálculos de Odebrecht y Furnas, lo que significa la deforestación de uno de los ecosistemas más apartados de América del Sur, la región mejor conservada de la Amazonía, que, en el caso boliviano es una zona de producción extrativista (castaña amazónica), actividad de uso sustentable del bosque, que constituye la principal actividad económica de la región y el tercer producto no tradicional de exportación a nivel nacional. Por su parte, Brasil tendría acceso más expedito a los mercados asiáticos, el verdadero objetivo de estos proyectos. Actualmente el grupo Tedesco Maggi ha invertido cien millones de dólares en la vía navegable del río Madera donde posee la flota más importante de barcazas y remolcadores, con una capacidad de transporte total de 210000 toneladas por mes . El grupo Maggi es el mayor exportador de soya de Brasil, por lo tanto el mayor interesado en el Polo de Agronegocios a instalar. Su intención es la expansión de la frontera soyera hacia los estados de Rondonia y de paso a la amazonía boliviana. Se trata de un proyecto con impactos transfronterizos, aún cuando solo se construyan las obras en territorio brasileño: las represas de Santo Antonio y Jirau tienen un área de inundación que alcanza al territorio boliviano. Por este motivo, el gobierno brasileño requiere negociar acuerdos bilaterales. Pero ha encontrado una forma de ofertar los proyectos del Madera a nombre de la “integración regional”, como si fueran de particular interés boliviano por el problema de la mediterraneidad. Las obras proyectadas en Bolivia acabarían con la principal región de ecoturismo de Bolivia, a lo largo de los ríos Beni y Quiquibey, donde se sitúan las principales áreas protegidas de la Cuenca Alta del Amazonas: el Parque Madidi y la Reserva y Territorio Indígena Pilón Lajas, así como los proyectos de ecoturismo indígena Mapajo, el Alberque Chalalán y una gran variedad de paquetes y proyectos turísticos indígenas, campesinos, municipales y privados. Por otro lado, la región del Madera es una zona endémica de malaria, con la presencia de algunos de los tipos más agresivos de esta enfermedad. Inundar esta región significaría trasladar la endemia hacia las principales zonas de ecoturismo del país (la cuenca alta del río Beni). Entre los defensores del complejo del río Madera, se manejaba el argumento de que la aceptación de Bolivia del proyecto, representaría un gran triunfo en la disputa con el gobierno boliviano por la reducción del precio del gas natural importado de Bolivia. El Complejo Madera corresponde a una propuesta para el desarrollo basada en la visión de los organismos proponentes, CAF (Corporación Andina de Fomento), BID (Banco Interamericano de Desarrollo y FONPLATA (Fondo Financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata), la misma que representa un viejo modelo de desarrollo basado en grandes volúmenes financieros y sobre tres pilares: energía, transporte y telecomunicaciones. Esta visión no considera el desarrollo como resultado de interacciones que no son solo económicas; no comprende el desarrollo como un proceso de modificación de la calidad de vida: educación, salud, cultura, etc. Niega el desarrollo de las poblaciones de los bosques, ribereños, pescadores, extrativistas, indígenas, pues niega su misma existencia. Esta propuesta de desarrollo es por tanto una negación del desarrollo, que, de forma más general puede ser comprendido como el resultado de políticas públicas que son producto de interacciones entre muchas variables, la articulación de actores y la actuación sobre la calidad de vida. 3. Petrobras en Bolivia Petrobras es una empresa de sociedad mixta operada por el Estado de Brasil que figura entre las tres empresas con mayores utilidades de Sudamérica , una compañía que actúa en exploración, producción, refinería, comercialización y transporte de petróleo y sus derivados en el Brasil y en el exterior. Se las ha arreglado para controlar todos los aspectos del negocio del gas natural en Bolivia, desde su extracción hasta su transporte y comercialización. Petrobras Bolivia fue creada el 25 de noviembre de 1995 “estratégicamente ligada a la exploración y producción de reservas de gas para garantizar el abastecimiento del gasoducto Bolivia-Brasil, concluído en diciembre de 1998 y también para liderizar otras iniciativas en el sector energético boliviano, ligadas al proceso de integración binacional que significó la construcción del gasoducto, la mayor obra de este tipo en Sudamérica” En Bolivia posee el 9% de las acciones de la Transportadora del Gasoducto GTB, el 44.5% del gasoducto Gasyrg (Yacuiba-Río Grande), el 100% de los gasoductos de la Transportadora San Marcos, empresa creada para el transporte de hidrocarburos en y desde Bolivia a Brasil (Puerto Suárez-Corumbá). Junto con Total Fina Elf es dueña del 30% de las acciones de la Planta de Compresión de Gas de Río Grande y de 20.6 TCF (45%) del total de reservas probadas en los Campos San Alberto y San Antonio, los mayores de Bolivia. Tiene concesiones en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, Beni y La Paz. Los últimos bloques recibidos en concesión son los de Río Hondo, en los departamentos de La Paz, Beni y Cochabamba y el Bloque Ingre, en Chuquisaca. Tiene además participación en 5 bloques, tres de los cuales se encuentran en fase de producción. Ejerce el papel de operador en 4 bloques. En la actividad de refinamiento, Petrobras, a través de la Empresa Boliviana de Refinación EBR es propietaria de las refinerías Gualberto Villarroel (Santa Cruz) y Guillermo Elder (Cochabamba), de donde provee carburantes a todo el territorio nacional y vende lubricantes básicos a los mercados peruano y chileno e intercambia aceites crudos y acabados con la empresa argentina EG3. La EBR se encuentra entre las 500 mayores empresas de Latinoamérica de la gestión 2002, según el ranking de América Economía, registrando ese año ventas por 360 millones de dólares . El 2004 inició la exportación de gasolina a Paraguay. Petrobras controla totalmente la recientemente creada Empresa Boliviana de Distribución EBD, una de las empresas mayoristas. De las 76 estaciones existentes al final del 2002 con relaciones contratuales, 3 tenían bandera Petrobras. La EBD facturó el 2002 116 millones de dólares con la venta de 2000 barriles diarios de gasolina y 2600 barriles diarios de diesel. La EBD es también propietaria de una fábrica de lubricantes en Cochabamba. Además de la marca YPFB, actúa con la marca LUBRAX importada de Brasil. Petrobras y EBD comercializan también asfalto, y parafinas producidos en la Refinería de Cochabamba. A partir del 1 de junio del 2004 la Empresa Boliviana de Distribución EBD, cambió su razón social a Petrobras Bolivia Distribución S. A. 4. Negocios “hábiles” Las ventas de gas a través de ramales del Gasbol han sido cuestionadas por diferentes motivos, entre estos la falta de fiscalización, la situación ilegal de las empresas involucradas, la escasa o nula participación de YPFB, la fijación de precios. Estos son los casos del gasoducto a Cuiabá y del ducto para proveer gas a la planta Termoeléctrica Termo Pantanal, en Corumbá, Brasil. A inicios de año 2004, los gobiernos municipales de Puerto Quijarro y Puerto Suárez enviaron una nota al ministro de Hidrocarburos denunciando que Petrobras, a través de su subsidiaria la Transportadora San Marcos, pretendía transportar gas desde la Estación El Mutún para alimentar una planta termoeléctrica en Corumbá, con lo cuál evitaría el uso del gas del gasbol al precio en frontera y podría aprovechar la subvención en Bolivia para la comercialización interna de gas a través de la “tarifa estampilla” (precio único). Para ello, la Transportadora San Marcos, pretendía utilizar una licencia otorgada el 2002 a Petrobras para construir las plantas de San Marcos en Puerto Suárez-Bolivia y la TermoCorumbá, en Corumbá-Brasil y para los ductos que transportarían gas a las mismas, proyectos que fueron abandonados. El ex viceministro de Hidrocarburos Mauricio Galleguillos elevó una queja formal a su homólogo del Brasil, Dilma Rouseff protestando “por una decisión inconsulta que tomó Petrobras” Las mencionadas plantas formaban parte de los acuerdos de integración energética entre Bolivia y Brasil que tenían como objetivo producir electricidad para el mercado brasileño. Los socios accionistas de la Termoeléctrica San Marcos eran Duke Energy (46%), Petrobras (25%), Corani S. A.(22%) (empresa capitalizada por Duke Energy y conformada también por las AFP´s Futuro de Bolivia y Previsión) y la Cooperativa Rural de Electricidad (CRE 7%). El proyecto fue paralizado cuando las obras se encontraban en un 2% de avance (adjudicación de terrenos en ZOFRAMAQ). La potencia proyectada del proyecto era de 88 MW. Los socios de la planta TermoCorumbá eran Duke Energy y Petrobras. El 2003 la CRE salió de la sociedad e inauguró su propia termoeléctrica el 6 de marzo del 2004 con una potencia de 12 MW con proyecciones de alcanzar 80 MW y exportar a Brasil el 2005. En lo que se refiere a la termoeléctrica de Corumbá, esta fue reemplazada por la Termo Pantanal, siendo responsable de la implantación del proyecto MPX TermoCeará LTDA. El empresário Eike Fuhsken Batista, dueño del MPX, posee el 20% de las acciones de la Empresa Minera Mineração Corumbaense Reunida, una de las promotoras del polo-siderúrgico en la región. El empresario declaró a la prensa brasilera que invertirá U$ 125 millones de dólares en la construcción de la planta de Corumbá, que tendrá una potencia de 245.25 MW. El precio al que pretendía comprar gas la
Termo Pantanal es de 1.4 dólares por millón de BTU,
que es el precio en el mercado interno en Bolivia. Este precio ponía
en riesgo el proyecto de la termoeléctrica emprendida por
la Cooperativa Rural de Electricidad (CRE) en julio del 2003. La
denuncia dio lugar a que el gobierno emita el Decreto Supremo 27428
del 31 de marzo del 2004 que suspende la otorgación de permisos
de exportación de gas natural por parte de la Superintendencia
de Hidrocarburos, a través de Ductos Menores y Líneas
Laterales o Ramales, hasta la promulgación de una Ley destinada
a regular su utilización y operación. El decreto establece
que es necesario fijar jurídicamente la utilización
y operación de las líneas laterales o ramales, tomando
en cuenta el objeto que deben cumplir, a través del establecimiento
de normas que prohiban su utilización directa para la exportación
y que su operación en todo caso debe estar destinada a beneficiar
el desarrollo de la infraestructura de transporte en el mercado
interno de Hidrocarburos. Por qué se ratificó un precio tan bajo, que además es un precio subsidiado para el consumo nacional? A nombre de la integración? El precio en frontera del gas que compra Brasil por el gasoducto se encuentra entre 1.93 y 2.33 dólares por millón de BTU, un precio altamente competitivo para la región, que no tiene ni pozos gasíferos ni hidroeléctricas cercanas. Pero ¿puede entenderse como integración la provisión de gas subsidiado boliviano a empresarios brasileños, para el establecimiento de un polo siderúrgico y gas químico en el Brasil? Cuál es el sentido de poseer un recurso como el gas si este no puede ser utilizado en mejores condiciones para inversiones nacionales, cuya magnitud y orientación apuntan hacia un desarrollo local más sostenible que el de los grandes emprendimientos brasileños? Probablemente la segunda fase de esta “integración” sea la entrega de los yacimientos del Mutún a los mismos empresarios brasileños, lo que tendrá el agravante de que los impactos de las fases preliminares de la siderurgia, que son los peores del proceso siderúrgico, afecten el Pantanal boliviano. Es necesario recordar que el ex ministro Araníbar había asegurado antes de reunirse con la ministra Rouseff (07/04/04), que el tema tarifario que acordaron MSGas (la empresa conformada por MPX) y Petrobras (1.4 por millón de BTU) no sería un tema a tratar . La nota del matutino La Prensa (14 de abril de 2004) indica que “negociaron la reactivación de un plan para construir un polo petroquímico y dos plantas termoeléctricas en la frontera binacional”. Al respecto la planta termoeléctrica de San Marcos jamás fue construida y fue la Empresa Gravetal, procesadora de granos quien construyó una termoeléctrica para sustituir el carbón que utilizaba hasta hace un año atrás. Hasta hace muy poco tiempo, las ciudades de Puerto Suárez y Puerto Quijarro adquirían energía eléctrica de la Compañía de Energía Eléctrica de Matto Grosso do Sul (ENERSUL), a precios tan altos que hacían imposible iniciar y mantener cualquier actividad económica en la región. Como Gravetal producía energía sobrante empezó a venderla, lo que motivó a la CRE emprender la construcción de la Termoeléctrica Germán Busch, con proyecciones de ampliación y exportación. Solo con el anuncio del proyecto de la CRE, se logró una disminución de las tarifas eléctricas de Enersul en aproximadamente un 30%. Entre el nacimiento de la iniciativa en septiembre del 2002 y la entrada en operación de la planta de la CRE en Marzo del 2004, los costos de energía eléctrica de la zona se habían reducido en aproximadamente un 42 a 45% . De acuerdo al ex Ministro y analista Alvaro Ríos, la termoeléctrica de la CRE tiene un efecto multiplicador muy importante debido a que consumirá más de $US. 400000 anuales en gas a futuro, lo que implica pago de regalías, impuestos en boca de pozo, costos de transporte e impuestos a las utilidades de la planta. Sin olvidar que se trata de energía de mejor calidad, con tarifas mucho más bajas y por tanto energía mucho más competitiva, que evita la fuga de divisas del país por la importación de electricidad del Brasil en un orden de 1.5 a 1.6 millones de dólares al año. Además la Planta Germán Busch está diseñada para generar excedentes de exportaciones al país vecino . Con el precio que se habría negociado para la Termo Pantanal, que es el mismo que paga la CRE para la planta Germán Busch, se inviabilizan las posibilidades de exportación de energía eléctrica desde esta planta, porque se igualan los precios del gas en territorio boliviano y brasileño, con lo que la Termo Pantanal podrá generar energía por lo menos al mismo precio que la CRE, abasteciendo la demanda energética de la región. Por esto, los gobiernos municipales de Puerto Suárez y Puerto Guijarro han solicitado que el gas que pasa por esos pueblos beneficie primero a las inversiones nacionales. En declaraciones recientes, el presidente Carlos Mesa negó que se venderá gas a la Termo Pantanal antes de que se realice el referendum. Para el ex Ministro de Minería e Hidrocarburos Alvaro Ríos el proyecto de TermoPantanal en Corumbá es nuevo y no puede entrar dentro del acuerdo que firmaron los presidentes Hugo Banzer Suárez, de Bolivia, y Enrique Cardoso, de Brasil, para construir dos plantas termoeléctricas a ambos lados de la frontera. Por su parte los ejecutivos de MPX, la dueña de Termo Pantanal han propuesto a la CRE ser socia de la Termo Pantanal con el objetivo de destrabar las negociaciones por el combustible a tiempo de presentar la Termo Pantanal como un proyecto de integración binacional que estará acompañado por una termoeléctrica similar en Puerto Suárez, aunque no quiere adelantar detalles de esta última. El dueño de MPX es Eike Batista, un empresario minero que invitó a Petrobras a ser socia del emprendimiento. La Termo Pantanal está diseñada para abastecer energía al polo petroquímico que se pretende desarrollar en Brasil. En el caso de las ventas a Cuiabá, actualmente bajo investigación de la Superintendencia General y la Superintendencia de Hidrocarburos, se acaba de poner en evidencia que, al no ser YPFB agregador de los volúmenes exportados, no existe ningún tipo de fiscalización de estas ventas y ni siquiera existe información clara sobre las empresas que son parte del negocio. Por lo tanto, el volumen de regalías, así como el momento en que las pagan, si lo hacen, está bajo la completa discrecionalidad de estas empresas, que básicamente son diferentes formas jurídicas de Enron y Shell: Gas Oriente Boliviano (Enron 50%, Shell 50%) entrega a Gas Trans Boliviano GTB y esta entrega a Southern Cone Gas-SGS (Enron y Shell), la cuál a su vez lo revende a Transborder Gas Services-TBS (Enron y Shell), quien finalmente lo entrega a la Planta de Cuiabá. 5. Petrobras y medio ambiente Gasoducto Bolivia Brasil La construcción del gasoducto Bolivia Brasil es utilizada como ejemplo de manejo y responsabilidad ambiental pero los problemas, infracciones y denuncias durante la fase de construcción y posteriormente, fueron diversas en aspectos tan básicos como los efectos en tierras comunales indígenas y áreas protegidas de la delicada cuenca amazónica de Bolivia, la falta de información y accesibilidad a documentos como el estudio de evaluación de impacto ambiental y planes conexos, la falta o inoportuna consulta a los pueblos a lo largo del gasoducto y una serie de transgresiones en la etapa de construcción, sumados a la debilidad en la capacidad institucional del gobierno de Bolivia para la fiscalización y el monitoreo de los impactos, no solo durante la construcción sino como consecuencia de los efectos de las nuevas prospecciones petrolíferas y gasíferas que acarrearía la obra. Cuando se inició la ejecución del proyecto, resultó evidente que Petrobras no tenía ni la voluntad política ni la capacidad para cumplir los planes de manejo ambiental, comunicación social y compensación en Bolivia. Es así que organizaciones de la sociedad civil documentaron y presentaron a los patrocinadores varias infracciones y graves efectos sociales y ambientales, entre ellos la gran proximidad del gasoducto a la localidad, el vertido de basura, la compra de madera para construcción obtenida ilegalmente, nuevos caminos de acceso, control insuficiente de la erosión, daños a caminos locales, mala conducta de los trabajadores, instalación de campamentos dentro de pequeñas poblaciones, con la consecuente utilización de agua e infraestructura de servicios y la disminución de alimentos y medicamentos disponibles para la población local. En septiembre de 1998, debido a las presiones crecientes de grupos locales e internacionales y de los bancos, así como al fracaso evidente del sistema de seguimiento ambiental, los patrocinadores del proyecto finalmente nombraron una oidora (ombudsman) para que se mantuviera en comunicación regular con las ONGs y organizaciones locales, y facilitara su participación en el seguimiento in situ. Reconociendo el papel fundamental del comité de seguimiento local para presentar información exacta y bien fundamentada sobre determinados efectos e infracciones, los bancos tuvieron que apoyar y desempeñaron un papel decisivo en la formalización del papel de las ONG en el seguimiento in situ, estableciéndose nuevos mecanismos de comunicación y logrando el reconocimiento de Petrobras y los demás patrocinadores del proyecto al seguimiento realizado por los órganos coordinadores de la sociedad civil . Sin embargo la actuación de la Oidora y el Comité fue concluída antes de que se concluyan las obras de mitigación previstas en el estudio de impacto ambiental. Debido a ello, uno de los aspectos críticos resultó la falta de restauración, reforestación y restablecimiento oportunos de la vegetación a lo largo del gasoducto. Las consecuencias previsibles de los impactos a largo plazo se están evidenciando en la actualidad, particularmente en la región del Pantanal, donde los equilibrios de ecosistemas dependen de los delicados flujos hídricos superficiales y subsuperficiales interrumpidos por el gasoducto, que actúa como una especie de dique de redistribución, secando lagunas y curiches, con el consiguiente impacto a las pequeñas poblaciones cuya vida estaba estrechamente relacionada con estos cuerpos de agua . Asimismo, la relación del gasoducto con nuevos proyectos y actividades también empieza a ser observada. Por de pronto, la delicada región del Pantanal de Bolivia se ha convertido en el centro de planificación de proyectos altamente contaminantes como pueden ser la petroquímica, la explotación de hierro y actividades de siderurgia, la instalación de un puerto en medio de bosques de palmares y áreas inundadas en el Parque Nacional Otuquis. Todo ello a partir de la instalación de gasoducto. Gasyrg La construcción del gasoducto Gasyrg por parte de Petrobras, entre Yacuiba y Río Grande, cuando existía ya el ducto de Transredes (Yabog), paralelo al trazo del Gasyrg, fue ampliamente cuestionada, no solo porque permitió a Petrobras completar la reconstrucción de toda la cadena hidrocarburífera, antes en manos de la desmantelada YPFB, sino por lo innecesario de causar impactos a territorios indígenas, áreas protegidas y ecosistemas poco intervenidos, existiendo suficiente capacidad instalada y proyectada de transporte en el gasoducto Yabog. El gasoducto Yabog se extiende desde la frontera de Bolivia (Yacuiba) y Argentina hasta la estación de compresión de Río Grande, localizada aproximadamente a 40 Km al Sudoeste de Santa Cruz, Bolivia, punto de inicio del Gasbol. La extensión del ducto es de 430 Km de sur a norte, con una capacidad de 24” de diámetro y 8.2 MMmcd. El gasoducto Yabog fue construído hace 30 años para transportar gas desde Bolivia a la Argentina. Debido a los nuevos descubrimientos de reservas en el sur del país y los cambios en la demanda de gas natural, Transredes S.A., la principal transportadora de hidrocarburos en Bolivia, decidió incrementar la capacidad del ducto con el objetivo de transportar gas desde el Sur de Bolivia y la Argentina, hasta la Estación de Comprensión de Río Grande, para continuar su transporte hacia el Brasil. El incremento de la capacidad del Yabog implica la instalación de una tubería de 36” y la instalación de unidades de compresión en las estaciones de Caigua, Taquiperenda y Saipirú, requeridas para impulsar el flujo de los volúmenes proyectados. La instalación de la nueva tubería fue prevista en el mismo derecho de vía o corredor del ducto existente utilizando las mismas estaciones de compresión, regulación de presión e instalaciones de mantenimiento y operación del gasoducto Yabog. Por ello los costos ambientales son reducidos en relación a la construcción de un ducto nuevo, como el Gasyrg. El principal impacto ambiental directo se relaciona con la ampliación del derecho de vía (de 20m a 30m, además de una zona de amortiguación de 10 m a ambos lados del derecho de vía) y con los impactos asociados a la construcción, tales como instalación de campamentos . Transredes S. A. fue formada en mayo de 1997, durante el proceso de capitalización para hacerse cargo de lo ductos que estaban a cargo de YPFB. Enron y Shell son las empresas transnacionales que tienen el 50% de participación en Transredes. Gasoducto San Alberto-Yacuiba El 12 de septiembre la Asamblea de las Instituciones de la 2da Sección de la Provincia Gran Chaco resolvió ratificar los planteamientos efectuados a PETROBRAS surgidos de las preocupaciones generadas por los impactos ambientales de las actividades de explotación hidrocarburífera y el tendido de los ductos. Las demandas de las instituciones de la región exigían el respeto de las ordenanzas municipales sobre las actividades económicas que se realizaban en la región, la reparación de los daños causados por la empresa en la población de Caraparí, como en el Parque Nacional Aguarague y la provisión de energía a través de la instalación de una planta termoeléctrica. El 21 de septiembre Rafael Doria, Director de Explotación y Exploración respondió a las instituciones de Yacuiba rechazando cada uno de los puntos señalados, insinuando intereses personales y la puesta en riesgo de las inversiones en la zona y en el país, amenazando con el replanteamiento de sus “actividades sociales voluntarias” y la petición al gobierno de garantías para su trabajo, lo que Petrobras efectuó de manera inmediata mediante notas a los Ministros de Desarrollo Económico y de Comercio Exterior e Inversión. En las notas mencionadas, señalaban que las exigencias de la región eran desproporcionadas y al margen de la legislación vigente, además de ser suscritas por entidades públicas. Remarcaron que habían cumplido con la legislación vigente, lo cual no era cierto, como lo demostraron los Gobiernos Municipales de Caraparí y Yacuiba en el documento de oposición a la otorgación de la concesión presentado a la Superintendencia de Hidrocarburos. El fecha 18 de agosto de 2000 la Superintendencia de Hidrocarburos publicó el extracto de la solicitud presentada por Petrobras Bolivia S.A. para obtener la concesión administrativa para la construcción y operación de un oleoducto y gasoducto entre la planta de procesamiento del Campo San Alberto y el Punto de Empalme con el Oleoducto Camiri Yacuiba OCY- con el punto de empalme con el Ducto Yabog. El derecho para construir y operar ductos, estaciones y plantas para el transporte de hidrocarburos solo se obtiene por concesión administrativa otorgada por el Superintendente de Hidrocarburos. Dentro del plazo previsto por ley, los Gobiernos Municipales de Caraparí y Yacuiba presentaron su oposición a la otorgación de la concesión administrativa, en tanto Petrobras no repare los daños causados ni otorgue la compensación correspondiente a las partes afectadas, producto de actividades realizadas por esta empresa sin contar con la respectiva concesión administrativa ni la autorización para ingresar al Parque Nacional de la Serranía Aguarague. Sin embargo, Petrobras continuó con sus actividades, ignorando a la Superintendencia y la normativa jurídica del país, alegando que contaba con la licencia ambiental. Este permiso en ningún caso otorga el derecho para iniciar obras de construcción de ductos, solo contempla medidas preventivas, mitigadoras y correctivas que deben ser empleadas durante la realización de un proyecto, obra o actividad. Los ductos mencionados atraviesan el Parque Nacional Aguarague, parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas, ubicado en el Chaco Boliviano y protegido por Ley No 2083 de abril del 2000, debido a que constituye un ecosistema de transición entre Selvas de Montaña y Chaco Serrano, por su importancia como regulador del régimen hídrico, cabecera de cuenca y origen de todas las fuentes de agua de las poblaciones del Chaco Tarijeño. Para la construcción del ducto se desboscó el Parque, desvió cursos de ríos y quebradas, contaminándolos y acelerando la erosión al dejar suelos desnudos en una zona de altas pendientes. La Licencia Ambiental fue obtenida en base a un estudio de evaluación ambiental para planes y programas (EIA estratégico, de escasa profundidad y detalle técnico), pero además, entre otras irregularidades Petrobras presentó en febrero, abril y octubre planes de aplicación y seguimiento ambiental, varios meses después de haber obtenido su licencia ambiental y no como establece la ley, es decir como una condición previa al otorgamiento de la licencia, ya que estos debieron ser evaluados y aprobados junto con el estudio de evaluación de impacto ambiental. Por tanto, existían irregularidades en la otorgación de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Ambiental Competente, más aún cuando los mencionados planes no fueron aprobados por la Autoridad de Areas Protegidas. Petrobras, haciendo un mal uso del concepto de utilidad pública e interés nacional, logró el aval del gobierno boliviano a su ilegal accionar, afirmando que sus obras no podían ser paralizadas porque también perjudicarían al Estado boliviano en la exportación de gas. Peor aún, amenazaron con no cumplir los proyectos previamente aprobados para mitigar el impacto social causado a la población local, aseverando, además que la región no percibiría las regalías previstas por ley. Para los bolivianos y en particular para los pobladores afectados por la contaminación y destrucción de las únicas fuentes de agua de la región ubicadas en la Serranía del Aguarague, la conservación de los recursos naturales es de vital importancia y por ello las empresas transnacionales minimamente deben respetar la legislación boliviana, garantizando que sus actividades conserven los recursos naturales y sobre todo no causen daños a la salud de las personas, derechos garantizados por la Constitución Política del Estado, que arbitrariamente fueron desconocidos por Petrobras. La Superintendencia de Hidrocarburos tiene como principal misión hacer cumplir la normativa vigente, por lo que debía pronunciarse sobre la ilegalidad de las acciones de esta empresa, demostrada por los Gobiernos Municipales de Yacuiba y Caraparí. A pesar de ello y de haber sido desconocido por Petrobras, el Superintendente Carlos Miranda rechazó el recurso de oposición, otorgando la concesión, que de todas maneras Petrobras no parecía necesitar. Para los habitantes del Chaco esta actitud de la Superintendencia de Hidrocarburos, les demostró que por no tener los mismos recursos, no tenían los mismos derechos y que ninguna autoridad en el país estaba decidida a hacer cumplir la norma tal cuál está establecida. Por ese motivo, los pobladores de la región procedieron a tomar medidas de presión suspendiendo la construcción del ducto. Solo entonces se conformó una comisión del Viceministerio de Hidrocarburos que finalmente tuvo que negociar la atención de las demandas de los pobladores del Chaco. Como este caso existen muchas denuncias en el Chaco boliviano de comunidades que se ven afectadas por la apertura de sendas y pozos exploratorios en sus territorios sin haber sido consultadas. Recientemente, fue reportado el caso de Tucainti, en el Campo Sábalo. Lo más común es que Petrobras finalmente consiga firmar acuerdos con los representantes de las comunidades o parte de ellos, con lo que no necesitan arreglar con los afectados directos para compensar cualquier tipo de impacto ambiental o social. Los arreglos a los que llega Petrobras con las comunidades sirven para la provisión de uniformes deportivos, reparaciones en las escuelas, participación en algunas de las obras de los planes operativos anuales de municipios, como parte de su Programa de Apoyo Municipal, con lo cuál, además consiguen el apoyo de algunas autoridades municipales. Con esto, además se logra la asistencia exclusiva de funcionarios municipales en las visitas de inspección. Por ejemplo en las obras del túnel del Aguarague, para empalmar el Pozo Sábalo en el Campo San Antonio, con el ducto Gasyrg, las inspecciones fueron conformadas por el equipo de la empresa con funcionarios municipales, impidiendo que alguien más pueda asistir. Las consecuencias de esos Programas Sociales de Petrobras se han empezado a sentir, particularmente en las divisiones generadas en las comunidades y organizaciones indígenas. La disconformidad y rechazo se expresan en manifestaciones de protesta, como es el caso de la marcha de pobladores de San Alberto del Gran Chaco que partió de esa población en dirección a la ciudad de La Paz, sede de gobierno, el 1 de junio del 2004, habiendo recorrido más de 1080 Km hasta el 29 de junio, mientras otra parte de la población se quedó a encender fogatas y bloquear los caminos de acceso al Campo San Alberto, impidiendo las acciones de la empresa. Los marchistas demandaban el ajuste del uso de la servidumbre sobre las tierras que usa la empresa, la remediación de impactos y de aguas contaminadas. Tras 29 días de caminata los comunarios exigen además la expulsión del país de la empresa petrolera Petrobras y la anulación del contrato con esta empresa . Los pobladores se sienten engañados con los convenios firmados con Petrobras. Esos convenios que no son exclusivos de esta empresa, reflejan cómo las transnacionales que operan en Bolivia, sin excepciones, trafican con la desinformación y sobre todo con la pobreza de los habitantes locales, los que no pueden contar ni siquiera con el apoyo de las instituciones que tienen como rol el cumplimiento de las leyes en Bolivia, demostrando el verdadero papel para el que fueron creadas: proteger las inversiones extranjeras. Río Hondo La Ley de Hidrocarburos señala en su artículo 7: “Las disposiciones de la Ley del Medio Ambiente y sus Reglamentos serán aplicados al sector de hidrocarburos”. Entre las disposiciones de la Ley del Medio Ambiente se encuentran el Reglamento de Areas Protegidas y los decretos y leyes de creación de las mismas. El Art. 5 del Decreto Supremo 23110 de la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, del 9 de abril de 1992 establece: “Se prohibe la otorgación de nuevas áreas de colonización agraria, forestal, minera y petrolera, garantizándose sin embargo los asentamientos de colonos, campesinos y propiedades agrarias, así como también las concesiones forestales, mineras y petroleras establecidas legalmente con anterioridad al presente decreto supremo, las mismas que estarán sujetas a reglamentación especial” El Bloque Río Hondo fue adjudicado en la licitación de Enero del 2001, habiéndose firmado el contrato el 30 de octubre del 2001, nueve años después de la creación de la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, por lo que dicha concesión es contraria a lo establecido en el decreto de creación. Se trata de un millón de hectáreas adjudicadas a Petrobras Bolivia y Total Exploration Production Bolivia . Tiene las siguientes áreas de superposición con áreas protegidas:
A principios del 2002, Petrobras inició el trámite de obtención de la licencia ambiental para el Proyecto Sísmica 2D Río Hondo Sur, presentando el estudio de evaluación de impacto ambiental el 18 de septiembre del mismo año. Dicho estudio fue observado por la sobreposición con las áreas protegidas mencionadas y por estar ubicado en áreas de protección estricta y de amortiguación. Petrobras acusó al Servicio Nacional de Areas Protegidas de modificar los límites de la Reserva Pilón Lajas y cuestionó la zonificación de la Reserva, inmiscuyéndose en asuntos internos del país. Al mismo tiempo demandó a los Ministerios e Hidrocarburos y Minería, de Desarrollo Sostenible y YPFB definir la aquiescencia o denegación de actividades petroleras en Río Hondo Sur, pretendiendo de esta manera pasar por encima de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, sin responder a las observaciones efectuadas al EEIA. Con estas presiones en fecha 14 de enero del 2004 logró la aprobación de la licencia ambiental. Al mismo tiempo, Petrobras presentó el estudio de evaluación de impacto ambiental para acceder a la licencia ambiental del proyecto Sísmica 2D en Río Hondo Norte, el mismo que atraviesa áreas que, de acuerdo a la normativa vigente, no permiten este tipo de actividades, como son la Zona de Protección Estricta y la Zona de amortiguación Interna. El Proyecto Río Hondo Norte prevee la apertura de una senda de 70 Km de largo que atraviesa en sentido NE la Reserva Pilón Lajas adentrándose 40 Km dentro de la misma y fuera del bloque de concesión en aproximadamente dos terceras partes. Producirá un desmonte de 10.5 Ha en diferentes unidades de bosque. Se perforarán 2520 pozos de 15 metros de profundidad, se utilizarán 16 Kg de explosivos por pozo, en total 40.32 Toneladas. Se habilitarán 21 helipuertos con una superficie de 900m2 cada uno, 280 zonas de descarga, 21 campamentos volantes, un campamento base de 4 Has cerca de la comunidad El Palmar, de donde se proveerá de agua. 150 personas trabajarán en el proyecto de las cuales únicamente 35 a 45 serán locales. Para el abandono simplemente ha previsto la limpieza del área esperando que por revegetación natural se cubran las áreas desboscadas para la senda, helipuertos, zonas de descarga y campamentos. De acuerdo a las organizaciones locales, ninguno de los dos proyectos fue consultado con las comunidades y ni siquiera el trabajo de campo fue realizado en el área. No reporta información que permita establecer una línea base del área protegida y del área de influencia del proyecto. El proyecto Río Hondo Norte se ubica en un área de alta sensibilidad ambiental, por lo tanto absolutamente incompatible con actividades hidrocarburíferas bajo ningún tipo de consideración. Se trata de la región ecológica más diversa del planeta, la cuenca alta de los Andes tropicales, donde se encuentra el 40% de la herpetofauna neotropical y más de 100 especies de mamíferos. Además se estima un 10% de endemismo de aves y roedores y 10% de endemismo en plantas dentro de esta región. Se trata de una de las regiones de mayor prioridad para la conservación de aves del geotrópico. El mismo “Diagnóstico del Estado Inicial del Ambiente” realizado por la Petrobras señala que “la mayor parte del área se encuentra en un nivel prístino sin intervención humana, como la Serranía Beu y Muchanes. Se trata de un área de mucha pendiente y frecuentes derrumbes, donde estos producen un habitat variable, con constante cambio de niveles sucesionales de flora y de bosque Montano y Subtropical, en un estado estable de constante cambio y variación de vegetación que permite la alta riqueza en especies biológicas en el área. Pilon es la más diversa y viable área del bosque Tropical en Bolivia. Es precisamente en este lugar, en el corazón
de la Amazonía boliviana, en la Reserva de la Biosfera y
Territorio Indígena Pilón Lajas, en los departamentos
del Beni y La Paz, que se encuentra el centro de ecoturismo indígena
denominado Mapajo. El proyecto Mapajo pertenece y es operado por
las comunidades del Río Quiquibey, las que han creado la
Empresa Ecoturismo Indígena Mapajo, para generar ingresos
a través del turismo sostenible y de esta manera proteger
los bosques, animales y formas de vida. Junto a este proyecto actualmente
operan en la zona el Albergue Chalalán, el proyecto San Miguel,
el proyecto comunitario agroecológico TES Yucumo Rurrenabaque
y también están por operar los proyectos de la TCO
Mosetenes en Santa Ana y El Cebú- Rurrenabaque. Mucho se ha discutido sobre el paso de ex autoridades de hidrocarburos a empresas petroleras e inclusive el Anteproyecto de Ley presentado por el Ejecutivo a la cabeza del presidente Carlos Mesa, intenta reglamentar estos poco éticos traspasos. Resulta casi anecdótico revisar que quien firmó el contrato de venta de gas con Petrobras, por parte de YPFB es ahora el principal representante de esa compañía en Bolivia, Arturo Castaños. Lo mismo ocurre con el ex Vicepresidente de Negociaciones y contratos, ex presidente de YPFB y actual negociador de Petrobras Bolivia, Hugo Peredo. En niveles jerárquicos más bajos, el Coordinador de la Oficina de Control y Seguimiento Ambiental OSCA, creada con un crédito de 5 millones de dólares del Banco Mundial para controlar los impactos que provocan las actividades petroleras, dejó esa función para convertirse inmediatamente en el Responsable de Calidad, Salud y Medio Ambiente de Petrobras Bolivia S.A. (Gustavo Calderón). Mientras ocupó ese cargo, jamás fue emitida una sola observación, amonestación o llamada de atención no solo a Petrobras sino a ninguna empresa petrolera a pesar de las demandas, denuncias, protestas de los pobladores e inclusive de las amonestaciones del Ministerio de Desarrollo Sostenible. El último escándalo suscitado en
el país ha develado que Petrobras y Total (entre otras) realizan
aportes financieros a YPFB para gastos de capacitación, viáticos
y consultores que son utilizados inclusive para el pago de honorarios
de autoridades de muy alto nivel y que, de acuerdo a reglamentación
de los contratos, deben ser rendidos al Titular (empresa petrolera)
y deben ser de beneficio de ésta última. CONCLUSIONES - Los datos señalados muestran el espectro de intereses de Petrobras en Bolivia, cuyas connotaciones seguramente se reflejarán en el plano político, en las decisiones a ser asumidas por el país e inclusive, probablemente en las decisiones asumidas por grupos de interés y regionales. Por tanto, es necesario destacar la importancia de todas las negociaciones que se realizan con el vecino país, tanto en términos del contrato de venta de gas con Brasil, así como otros contratos y negociaciones, menos conocidos, menos fiscalizados y menos transparentes. - Si bien, a la fecha Petrobras y el gobierno brasileño no se encuentran renegociando el contrato de compra venta de gas con Bolivia, están alcanzando sus objetivos de obtener gas a precio mucho más barato. Ese es el verdadero motivo por el que la termoeléctrica de Corumbá, que se encontraba en el congelador, tomó vigencia en la TermoPantanal: la sustancial rebaja del precio del gas boliviano para la puesta en funcionamiento de la planta. Todas las termoeléctricas del Plan Prioritartio de Termoelectricidad de Brasil reciben gas natural boliviano a un precio de $US. 2.72 por millón de BTU, mientras que el precio para la Termo Pantanal será de $US. 1.4. - A pesar de ser una empresa que responde a una política de Estado, Petrobras demuestra un comportamiento en Bolivia similar al de cualquier transnacional petrolera, en especial en lo que se refiere a responsabilidad ambiental y social, utilizando estrategias comunes a las demás empresas que operan en el país, tanto en la minimización de sus responsabilidades frente a los impactos generados, como en las estrategias para salvar obstáculos de orden social y también procedimental. - Resulta evidente que el gas natural es un elemento esencial de la geopolítica boliviana, pero tanto transnacionales como instituciones financieras multilaterales se encargan de reducir la capacidad de negociación del Estado no solamente a través de las reformas del Estado sino de mecanismos de contratación a funcionarios de alto nivel o estratégicos para las actividades de las empresas. - Resulta evidente la falta de una Política Nacional de Integración que establezca, en primer lugar, lo que los habitantes del país conciben como integración y defina objetivos para construir, consolidar y profundizar relaciones y proyectos bilaterales, regionales o continentales. La construcción de esas políticas nacionales, requiere una visión integral y un enfoque desde la sustentabilidad, para definir los usos y prioridades que se darán a los recursos naturales y para reflejar la estrategia de desarrollo del país que queremos lograr. - Existe una creciente conciencia de la necesidad de que el país asuma un nuevo rol a partir de su posición estratégica desde el punto de vista geopolítico tanto en términos de ubicación geográfica, como de recursos, no solo energéticos. ¿Cómo se aprovecha esta situación y se posesionan los intereses del país frente a los intereses de nuestros vecinos y de las empresas transnacionales que operan en ellos? Se trata de una tarea que requerirá una profunda reflexión interna y la creación de una plataforma de voluntades, capacidades y sobre todo conciencia y dignidad.
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