En octubre de 1999 el gobierno de Bolivia promulgó el decreto 25532: denominado decreto de las barracas, con el objetivo manifiesto de convertir las explotaciones castañeras en concesiones forestales. En julio de este año la III Marcha por la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales logró la abrogación del mencionado decreto. La Marcha había empezado en el
departamento de Pando, el 28 de junio.

Por qué los campesinos de Pando, olvidados del resto del país, de los que casi nadie conocía su organización, mucho menos sus problemas y conflictos, iniciaron esta marcha y no retornaron sino hasta conseguir que el citado ‘decreto de las barracas sea eliminado de las normas jurídicas de Bolivia?

Los campesinos e indígenas de Pando viven del bosque amazónico, que constituye el 90% del territorio pandino. Para ello recogen la castaña, la cuál constituye su fuente de ingresos. En el pasado, durante el auge de la goma, los pueblos pandinos y del Norte Amazónico fueron sometidos a la extracción del caucho, desapareciendo muchos de ellos por esta forma de trabajo. Cuando terminó el auge de la goma, sobre el mismo sistema se construyó la explotación de la castaña.

Los antiguos patrones de la goma se convirtieron en los patrones barraqueros, los que a través del sistema del “habilito”, explotan a las familias campesinas e indígenas a las que someten a través del crédito, hasta los hijos de sus hijos. Los pobladores pandinos reciben con sobreprecios productos básicos a cambio de lo cual deben entregar su producción de castaña a los barraqueros, al precio que ellos les imponen.

Este sector logró obtener el decreto de las barracas con el fin de establecer bases económicas para obtener la propiedad de los bosques, cuyos beneficios gozan a través del aprovechamiento de mano de obra barata, intercambios injustos y recursos naturales gratuitos. A pesar de que se t’trataba de un decreto forestal, el verdadero objetivo del mismo quedó claramente manifiesto cuando, una vez abrogado, la Asociación de ‘Productores de Goma y Castaña de Riberalta se declaró en estado de emergencia por la abrogación de un decreto que les permitiría garantizar la seguridad jurídica de “sus” tierras.

Para los pobladores pandinos y de la provincia Vaca Diez del departamento del Beni, la conservación del bosque es su única garantía de supervivencia. Ellos no explotan madera, palmito o ganado, pero si conocen el árbol de castaña, su ciclo de producción y saben cuando deben recolectar los frutos 2-que transportan en la espalda desde los lugares más aislados de la selva.

Estas familias y las organizaciones campesinas e indígenas se encuentran en permanente confrontación con los barraqueros, no sólo por el sistema del crédito impuesto desde tiempos ancestrales y que los sume casi en la esclavitud, sino porque además deben afrontar a motosierristas y empresarios madereros que explotan la mara y roble o extraen el palmito. Las denuncias que realizan en la mayoría de los casos son respondidas con amenazas y agresiones y nunca con acciones efectivas de las autoridades competentes para frenar la explotación ilegal.

Pando es aún una “barraca” con sus propias leyes donde se impone la fuerza, el poder y la amenaza y que requiere el urgente establecimiento de nuevas relaciones sociales y económicas y la intervención de las instancias pertinentes para avanzar en un verdadero proceso de redistribución de la tierra. Por esto, los nuevos espacios abiertos por las Federaciones de Campesinos de la Amazonía, de manera conjunta con la Organización Indígena de la región, generan un nuevo debate con otros sectores sociales, pero de manera particular reclaman la acción solidaria de las organizaciones ambientalistas y ecologistas.