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En un clima de lucha social y represión gubernamental, la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia emite el siguiente
comunicado dirigido a la comunidad internacional y al pueblo boliviano:
1. No obstante el clamor popular y las demandas
de entidades sociales con reconocimiento de la sociedad civil; la
Organización de Estados Americanos, el gobierno estadounidense
y otros gobiernos que defienden el modelo vigente, han manifestado
su apoyo al gobierno encabezado por Gonzalo Sánchez, bajo
el argumento de la defensa de la democracia.
2. Hacemos conocer a dicha organización
internacional y a la Embajada estadounidense que la democracia por
Ustedes defendida ha entregado las empresas estratégicas
del Estado a las transnacionales, tiene un 13% de desempleo y más
de un millón de personas que generan sus empleos en el ámbito
de la informalidad, trabajadores mineros que en Potosí logran
un ingreso mensual equivalente a 14 dólares al mes con una
jornada laboral de 14 horas y cerca del 50% de familias que viven
con un dólar cada día, un sistema político
corrupto que ejecuta una política económica neoliberal
que provoca la opulencia de unos cuantos y la miseria de las mayorías.
Una democracia que en las trágicas jornadas del 12 y 13 de
octubre de 2003 tiene un saldo de 60 muertos y que desde septiembre
de 2002 hasta la fecha ha provocado la muerte de más de 120
bolivianos en flagrante violación de los derechos humanos.
3. La comunidad internacional tiene el derecho
a la verdad y ésta da cuenta de una lucha social legítima
y desigual, mientras el pueblo marcha y protesta en defensa del
gas y por una salida política y constitucional de una administración
ineficiente y sangrienta, el gobierno responde con balas disparadas
por fusiles y ametralladoras desde los techos de edificios, tanques
y helicópteros, en un intento fratricida de mantenerse en
el poder.
4. La lucha social llevada a cabo en la ciudad
de El Alto y la ciudad de La Paz, que hora tras hora se esparce
por el resto del territorio nacional. Es una lucha digna, de raíces
profundas y de justa causa, y desde ningún punto de vista
atenta la constitucionalidad, ni la democracia, ni el Estado de
Derecho, puesto que la renuncia del Presidente de la República
está prevista en la Constitución Política del
Estado, bajo un mecanismo de sustitución constitucional.
Los bolivianos y cualquier ciudadano del mundo, tienen derecho a
exigir la renuncia de un Presidente que no gobierna en su favor.
5. La actitud intolerante y de soberbia del gobierno
actual pretende hacer creer que la democracia es Gonzalo Sánchez
de Lozada, lo cual es insostenible para los pueblos del Continente
cuyas mayorías sufren como el pueblo boliviano, cuando sus
elites económicas a través de sus gobiernos se pronuncian
a favor de una democracia formal sin justicia social.
6. Por lo expuesto, pedimos a los organismos internacionales,
a los gobiernos extranjeros y a la comunidad internacional en general,
a pronunciarse sobre la violación a los derechos humanos
ejecutada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en
lugar de brindar apoyos políticos que en última instancia
significan un respaldo a la masacre de bolivianos, al saqueo de
los recursos naturales por parte de empresas transnacionales y a
la imposición de un modelo económico que día
a día nos empobrece más.
En un momento de dolor y lucha social.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL APDHB
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