8/Abril/2005

A finales de 1998 la Empresa MONSANTO, presentó solicitudes para probar soya y algodón genéticamente modificados. Monsanto probó 25 variedades argentinas a las que se había incluido el gen, de las cuales casi ninguna mostró un comportamiento agronómico relativamente satisfactorio. En Bolivia jamás se han utilizado variedades argentinas porque estas no se adaptan a las condiciones de la región soyera. Las variedades que se utilizan son adaptadas de variedades brasileras de la región de Matto Grosso, muchas de ellas con 40 años de adaptación.  En total se utilizan entre 25 y 30 variedades, la mayor parte de ellas de uso público, por lo que los productores no tienen que pagar ningún derecho de propiedad intelectual.

El día lunes 4 de abril el Comité de Bioseguridad, a pesar de un informe que señalaba lo contrario, aprobó una resolución por la que afirma que los riesgos de los productos transgénicos son los mismos que de los productos convencionales, lo que da vía libre para que el Viceministro de Recursos Naturales apruebe la comercialización irrestricta de cualquier producto transgénico. De ocurrir  este extremo, los agricultores soyeros deberán pagar costos elevados por la semilla, a cuyo negocio apuntan los grandes productores de soya reunidos en Fundacruz (brasileros), en ANAPO y en APIA, la Asociación de Importadores de Pesticidas. Esos costos se refieren a las regalías por la utilización del gen, que ya han empezado a negociar los dirigentes de ANAPO y los costos por los derechos de propiedad intelectual de las variedades utilizadas para incorporar el gen.

Actualmente en Argentina, la Federación Agraria ha interpuesto un recurso en la Oficina de Patentes de la Unión Europea porque la Empresa Monsanto pretende cobrar 15 dólares por tonelada amenazando con embargos de soya argentina que arriben a los países de la Unión Europea y que contengan el gen RR,  debido a que los agricultores argentinos guardan la semilla para la siguiente cosecha, por lo que la Monsanto no obtuvo todas las ganancias que esperaba en este país por la comercialización de la semilla.

De acuerdo a sus propias declaraciones (El Deber, 8 de abril) está claro que en Bolivia, será la Asociación Boliviana de Productores de Oleaginosas, ANAPO, la que se encargue de los cobros para la Monsanto, tomando parte del negocio de explotar a los agricultores pequeños y medianos.

La Monsanto obliga a los agricultores a firmar contratos que indican que solo su herbicida puede ser aplicado a sus propias semillas ya que estas solo resisten a su propio herbicida y no solo eso. Los transgenicos permitirán un mayor control de las semillas porque existen equipos muy simples para su detección inmediata. Al mismo tiempo, las preocupaciones de los consumidores de los países europeos y de los nuevos mercados asiáticos emergentes para Bolivia, obligan a etiquetar los transgenicos, lo que implica incrementos en los costos de producción.

No existe ventaja económica alguna que haya sido probada con el uso de la soya transgénica en Bolivia, por el contrario, además del incremento de los costos de la semilla, al no estar adaptada a las condiciones del país, una sequía leve, una inundación o una plaga pueden acabar con un cultivo menos resistente. Todo apunta a un nuevo negociado entre importadores de pesticidas y semillas, la Monsanto y ANAPO, con el apoyo del Programa Nacional de Semillas, el SENASAG y autoridades ambientales.