Publicado el 2010-04-30

La historia secreta de las auditorías petroleras

Mirko Orgáz García

El vicepresidente Alvaro García Linera, en su condición de Jefe de Estado interino, en conferencia de prensa afirmó este jueves 29 de abril, sin el menor rubor, que las auditorías a las empresas petroleras no tenían “sustancia” ni “seriedad” y fueron hechas por “antropólogos” y “gente incapaz”.

Con esta declaración, García Linera se suma al coro de autoridades del Poder Ejecutivo que denigraron el trabajo de uno de los hombres más conspicuos y capaces del país en el campo petrolero: Enrique Mariaca Bilbao, quien afirmó que las auditorías probaron que las transnacionales petroleras, en el marco del mal llamado “proceso de capitalización” de Sánchez de Lozada, defraudaron al Estado boliviano, incumpliendo contratos, por lo que correspondía “nacionalizarlas sin ninguna indemnización”.

¿Por qué el gobierno ocultó el resultado de las auditorías petroleras? Según Mariaca, porque el gobierno negoció con las empresas petroleras, el mes de octubre de 2006, 43 nuevos contratos petroleros, aprobados por unanimidad por el MAS y PODEMOS en el Congreso, sin tomar en cuenta el resultado de las auditorías.

En suma, las auditorías probaron que las petroleras no invirtieron, incumplieron contratos, saquearon nuestros recursos, dañaron nuestro medio ambiente y defraudaron al estado boliviano, correspondiendo simple y llanamente nacionalizarlas totalmente y sin indemnización, como lo pidió el Alto el año 2003 y Camiri los años 2007-2008.

En las auditorías petroleras se encuentra confirmado lo que el pueblo boliviano sabía por constantes denuncias de investigadores sobre el inmisericorde saqueo petrolero del que fuimos víctimas los bolivianos los últimos diez años.

En teoría, este trabajo debía servir de base a Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) para determinar la retribución o participación definitiva de la renta petrolera correspondiente a las compañías en los nuevos contratos. Sin embargo, el gobierno no utilizó estos resultados. El Ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, los guardó bajo siete llaves y se esforzó en denigrarlos, al mismo tiempo, aceptó de “buena fe” los montos otorgados por las empresas que aseguraron haber invertido mucho más de lo que las auditorías determinaron. La diferencia entre las cifras de la auditoría y la de las empresas es de 800 millones de dólares que el país en su conjunto tendrá que pagar.

Enrique Mariaca afirmó que el gobierno incurrió en el gravísimo error de firmar nuevos contratos en octubre de 2006, sin esperar los resultados de la auditoría, vulnerando su propio decreto supremo 28701.

Más todavía. Las declaraciones que hicieran, en el marco de las negociaciones gobierno-cívicos de Camiri, el mes de abril de 2008, Carlos Villegas y Guillermo Aruquipa, en sentido que habrían modificado los resultados de las auditorías “porque estaban mal”, prueban que se actuó de mala fe con el Estado boliviano y al margen de las normas. Estos funcionarios públicos no estaban autorizados para modificar las auditorías que fueron normadas por Decretos Supremos que establecían procedimientos administrativos. Aún más, realizadas por personal experto y 10 empresas auditoras nacionales e internacionales. Este hecho amerita un juicio de responsabilidades a estas autoridades por daño económico al estado. Pero eso no es todo.

El papel de Aruquipa y Villegas

Las tropelías e injusticias contra Enrique Mariaca y las auditorías fueron inauditas. Guillermo Aruquipa, como Viceministro de Exploración y Explotación, el mes de octubre del año 2006 viajó a Santa Cruz para impedir la finalización de las auditorías. Cuestionó el trabajo y pidió la renuncia del Ing. Enrique Mariaca, coordinador de la Unidad de seguimiento, Fiscalización y Control de las auditorías, sin ninguna justificación. Este intento quedó frustrado, aunque el Ing. Mariaca sufrió un terrible y extraño accidente que le impidió seguir desarrollando su labor temporalmente.

A pesar de todo, las auditorías terminaron en Diciembre y Aruquipa, gracias al poder de Santos Ramírez, fue nombrado ese mismo mes, sin ninguna experiencia en el campo, presidente de YPFB y junto con Carlos Villegas, debían haber utilizado los resultados de las auditorías para establecer las inversiones, depreciaciones y amortizaciones de las empresas transnacionales.

Bolivia perdió una millonada de dinero al no utilizar las conclusiones de la evaluación, pero sobre todo, la posibilidad de nacionalizar Chaco, Andina y Transredes, sin ninguna indemnización, como establecían las auditorías.

Mariaca señaló a Hora 25 que le dijo al Ministro Carlos Villegas, después de entregarle el resultado de su trabajo: “Usted está muy callado sobre las auditorías. No dice nada y eso no está bien. Nosotros estamos amarrados a usted, porque de acuerdo a nuestro contrato no podemos decir nada”.

Como Villegas siguió silencioso, el mes de septiembre, 5 meses después de la entrega oficial al ministerio de hidrocarburos de la auditoría, Mariaca la dio a conocer a través del quincenario Hora 25, contra el riesgo de ser sancionado por sus relaciones contractuales con el estado, pero pesó más su amor a la patria.

Nadie sabe a ciencia cierta qué cifras se utilizaron en los contratos: el de las petroleras o los de Villegas y Aruquipa que “rehicieron” toda la evaluación, como lo señalaron en Camiri, porque “estaban mal”.

Sorprendente

Sorprendente fue el papel del funcionario público Carlos Villegas que usó los datos de las auditorías para justificar “la segunda fase de la nacionalización”, enmarcada en el decreto 28701, tal como lo hizo en el programa televisivo “Cabildeo” de Amalia Pando. En el set del canal estatal, Villegas utilizó todas las conclusiones del trabajo para justificar la compra de las “acciones necesarias” para tener mayoría en los directorios de las capitalizadas, un proyecto políticamente beneficioso para el gobierno, pero altamente perjudicial en términos económicos para el pueblo boliviano. Veamos por qué.

Enrique Mariaca señaló hasta el cansancio que era un error comprar las acciones faltantes para tener el 50% más uno, pues, en el marco de la Capitalización al valorar las reservas de hidrocarburos entregadas por Gonzalo Sánchez de Lozada a precio cero, le correspondían a YPFB como aporte patrimonial 87,18% en Chaco y 93,18% en Andina. Por tanto, no se requería comprar acciones al ser YPFB socio súper mayoritario en estas capitalizadas. La recompra de acciones para completar la “nacionalización” que tanto dinero le ha costado al país solo legalizó el doloso proceso de capitalización de Gonzalo Sánchez de Lozada y terminó reconociendo la propiedad de acciones a empresas que defraudaron al estado boliviano.

Para el caso de la capitalizada Transredes, las auditorías establecieron que en el período 1997 a 2006 esta empresa incumplió el contrato. No abasteció el mercado de occidente y su asociada ENRON incumplió el Contrato Accidental de Accionistas (YPFB 60% y Enron 40%) firmado en Miami, el año 1994, correspondiendo su total recuperación por YPFB, afirmó Mariaca. Por eso la importancia de las auditorías y de ahí el hecho de que las hayan guardado bajo “siete llaves” porque en el fondo este documento prueba que el proyecto de “nacionalización” del gobierno de Evo Morales establecido en el decreto 28701 del 1 de mayo de 2006, estaba mal concebido y no era nacionalizador.

En suma, las auditorías prueban, amable lector, que las petroleras no invirtieron, incumplieron contratos, saquearon nuestros recursos, dañaron nuestro medio ambiente y defraudaron al estado boliviano, correspondiendo simple y llanamente nacionalizarlas totalmente y sin indemnización, como lo pidió el Alto el año 2003 y Camiri los años 2007-2008.

Enrique Mariaca Bilbao, el soldado defensor de los hidrocarburos nos ha dejado este legado, fruto de su experticia, capacidad profesional y amor a la patria, que prueba la necesidad de continuar luchando para reencaminar la Agenda de Octubre, es decir, por una verdadera nacionalización, industrialización y refundación de YPFB.

Nuestra gratitud y reconocimiento a Enrique Mariaca Bilbao.


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