Publicado el 2009-05-08

Cuando el agua es sinónimo de muerte

Elizabeth López

Según las Naciones Unidas, una persona necesita al menos 15 litros de agua por día para satisfacer sus necesidades. Este promedio está muy por encima de la realidad, cuando se estima que más de 1.100 millones de personas no tienen acceso a este líquido vital y menos en su condición potable.

Todos y todas coincidimos en que el agua es vida y es un derecho humano fundamental, tal como lo expresan los artículos 373 y 374 de la Constitución Política del Estado (CPE). De hecho, Bolivia volvió a plantear en el reciente Foro Mundial del Agua –realizado en Estambul (Turquía)– retirar el valiosos elemento de los tratados internacionales de comercio.

Esto se debe a que este líquido es un derecho humano que no debe estar sujeto al libre comercio ni a la privatización y que más bien debe beneficiar a todas las personas en igualdad de condiciones. Sin embargo, y pese a estas declaraciones y acuerdos, parece existir un serio problema entre lo declarativo y las acciones concretas.

Uno de los casos que evidencia el divorcio entre las buenas intenciones y las realidades concretas es el de las aguas ácidas, que son drenadas de la mina San José, ubicada en la zona noroeste de la ciudad de Oruro.

Desde hace al menos 10 años, y en reiteradas ocasiones, se ha alertado sobre la posibilidad de inundación de la mina, que derivaría en el consecuente rebalse de aguas ácidas en diferentes barrios de la capital de Pagador.

Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos “aguas ácidas”? Estamos hablando de aguas con un PH promedio de 1,2, con un alto contenido de calcio, magnesio, hierro, sodio y arsénico. Agua que fácilmente puede correr por tuberías e incluso dañar el cemento. De manera popular, a estos líquidos se denomina “aguas de copagira”.

Este no es un problema nuevo para Oruro ni para otras ciudades del país, conocidas como “tradicionalmente mineras”, por la herencia de la pasada minería, sino que existen barrios y poblaciones completas asentadas sobre o en cercanía a pasivos mineros antiguos.

Poco se ha estudiado de las consecuencias de la convivencia humana con estos desechos mineros, se sabe que varios metales son bioacumulativos, lo que significa que pueden estar en el organismo de los seres vivos por mucho tiempo sin manifestarse. En casos graves de intoxicación, los efectos son más visibles.

Este año, con el impulso del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), se está estudiando el tema en la zona de San José, en el municipio orureño. Sin duda, los resultados darán muchas razones para buscar planes integrales de mitigación y remediación. Y, precisamente, se debería de pensar en planes integrales a la hora de intentar solucionar estos problemas.

Después de las alarmantes noticias de la posible inundación de la mina San José y el consecuente desbordamiento en las zonas aledañas, que generó más de una protesta, en abril se informó que “el nivel de las aguas ácidas de mina San José bajó y ya se puede reiniciar la explotación” (periódico La Patria 1 de abril), es decir, se atendió a la necesidad inmediata de las cooperativas mineras que trabajan en la zona, bombeando las aguas que salen directamente a los lagos Uru Uru y Poopó, sin ningún tipo de tratamiento.

Es evidente que en nuestro país tenemos una gran deuda social y las condiciones de pobreza y contaminación en las que vivimos, como fruto de las políticas depredadoras y extractivas de cientos de años, se manifiestan ahora en casos como la mina San José.

Queda claro que no sólo es el problema del bombeo del agua, el año pasado se han lamentado en esta mina al menos cinco muertes de jóvenes mineros, debido a la desgastada infraestructura y la falta de seguridad industrial.

Es importante empezar a actuar de manera sistémica. El bombeo de la mina es solamente un parche, que en cualquier momento se desgastará y volverá a poner a la población orureña en riesgo. Más allá de ese parche, los que sufren en silencio los efectos de estas aguas son la flora y fauna que aún habita en el lago Uru Uru y el Poopó.

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, las propuestas de solución no siempre salen de las oficinas de los técnicos, sino de las necesidades concretas de la población afectada. Desde hace más o menos un año se impulsa desde las comunidades y municipios rurales de Oruro la solicitud de declaratoria de zona de “emergencia ambiental” para las cuencas tan contaminadas y degradas de Oruro.

Es posible que atender esta demanda de manera más evidente y rápida pueda ayudarnos a empezar dar soluciones a los múltiples problemas derivados de esta visión de desarrollo deshumanizada, expoliadora y empobrecedora y nos lleve también a discutir las opciones de desarrollo sostenibles.


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