Publicado el 2011-06-09

Transgénicos por encargo

Patricia Molina

El 2005, el gobierno del entonces presidente Carlos Mesa aprobó la producción y comercialización de soya transgénica resistente al herbicida glifosato. Para ello tuvo que pedir a la policía que desaloje a periodistas y representantes de organizaciones campesinas que se hicieron presentes en el Ministerio de Desarrollo Sostenible, durante la reunión del Comité de Bioseguridad, entidad responsable de tal aprobación. Habían pasado 8 años desde que fue presentada la primera solicitud por Monsanto mientras nuevas solicitudes de ANAPO y FUNDACRUZ pretendían burlar las resistencias.

Cinco años antes, el 2000,  un cerco de más de un mes a la ciudad de La Paz, organizado por Felipe Quispe, logró paralizar el proceso de evaluación de solicitudes transgénicas del Comité de Bioseguridad.   El 2002 la ciudad de Santa Cruz fue escenario de una gran marcha para evitar la aprobación de la soya transgénica mediante una maniquea interpretación legal que se gestaba con apoyo del Congreso Panamericano de Semillas que se llevaba a cabo en el Hotel Los Tajibos.  Ese mismo año, el  embajador norteamericano en Bolivia Manuel Rocha amenazaba con retirar la visa a quienes se opusieran a los transgénicos y el Ministro de Agricultura Hugo Carvajal retrocedía en la norma que emitió para evitar el ingreso de soya transgénica brasilera, porque su jefe de partido acababa de recibir la devolución de su visa de ingreso a los Estados Unidos.

Todas estas luchas lograron frenar durante ocho años la aprobación de soya transgénica en el país, pero el 2005 el ministro Erwin Aguilera decidió la aprobación. Organizaciones campesinas,  ecologistas, de productores ecológicos y de consumidores presentaron un recurso de inconstitucionalidad que fue apoyado por el entonces diputado Evo Morales y varios de sus compañeros de partido. El Tribunal Constitucional declaró improcedente el recurso argumentando que la organización que lo presentó, el FOBOMADE, no efectuaba trabajos con transgénicos. Esta fue una de las decisiones más aberrantes del Tribunal Constitucional,  que ponía en evidencia el desconocimiento absoluto de la Ley de Medio Ambiente que establece no solo el derecho sino la obligación de los ciudadanos de denunciar las agresiones al ambiente.

El 2005, el actual presidente Evo Morales llegó a ese cargo con un fuerte discurso contra los transgénicos y los biocombustibles, plasmado en su programa de gobierno y más adelante reafirmado en la Cumbre de Tiquipaya. Ahora las organizaciones sociales se debaten entre su compromiso con la soberanía alimentaria, su rechazo a los transgénicos y órdenes que habrían sido emanadas desde el mismo Palacio Quemado para autorizar los cultivos transgénicos y su comercialización para consumo humano.

Desde que fuera aprobada la soya transgénica el 2005 a la fecha, han transcurrido 6 años, habiéndose extendido hasta alcanzar entre el 60 y 80% del área sembrada, por zonas. De entonces a la fecha, la producción y el rendimiento del cultivo han decaído en Bolivia. Problemas irresueltos de mercados, de transporte y la plaga de la roya asiática que ataca de igual manera a la soya transgénica que a la convencional se cuentan entre las causas de tal caída, por lo que es imposible afirmar que la autorización de la introducción y comercialización de soya transgénica en Bolivia haya tenido efectos positivos en la producción, en el rendimiento y menos en la soberanía alimentaria. Si seguimos el razonamiento del Ministro de Autonomías, preocupado por el alimento para pollos, tampoco hay mayor oferta de alimento de soya para animales en virtud de la aprobación de soya transgénica.

¿Entonces cuál es el motivo de que en una ley de apoyo a la agricultura campesina, como pretende etiquetarse a la Ley de Revolución Productiva Comunitaria se abra el país a  la introducción y comercialización de otros cultivos transgénicos?

Hasta la fecha siguen siendo cuatro los principales cultivos transgénicos en el mundo: soya, maíz, canola y algodón. Y de estos, la soya y el maíz son los principales cultivos industriales cuya comercialización y producción está controlada por pocas transnacionales de alimentos, siendo las principales Cargill y ADM, ambas con negocios en Bolivia.  La soya es un cultivo oriundo de Asia, mientras que el maíz es originario de centroamérica y de la región andina, donde se encuentra el mayor número de variedades y parientes silvestres. El año 2001 México fue contaminado con maíz transgénico importado de Estados Unidos, por lo que la región andina quedó como único centro mundial preservado de diversidad genética del maíz. Por la cantidad de variedades existentes, en la actualidad los científicos consideran a la región andina también como centro de origen.

El maíz permitió el desarrollo de las grandes culturas centroamericanas y sudamericanas, es parte de la cultura, de los ritos, de la alimentación y la economía de todos los pueblos existentes en el país, de norte a sur, de este a oeste. Cuando hay escasez de maíz, seguramente los pollos la sienten, pero los habitantes de Bolivia seguimos sirviéndonos el choclo, las humintas, el api, los tamales, laguas, tojorí, somo, mote, tostado, queso humacha, pataska, plato paceño, tortillas o  pan de maíz, durante todo el año. Estos alimentos son elaborados con las diferentes variedades de maíz que se cultivan desde el Chaco a la Amazonia y desde el Altiplano andino hasta el Pantanal, que no son, claro está, las pocas variedades importadas del alimento para pollos.

Volvamos al proyecto de ley. Después de días de discusión, las organizaciones lograron concertar que no se introducirán semillas transgénicas de cultivos de los cuales somos centro de origen y tampoco de los cuales somos centro de diversidad.  Suponiendo que esta redacción sea respetada, lo cuál es muy dudoso, porque no ha sido el patrón de conducta del Ministro de Autonomías, y suponiendo que efectivamente no se autorice la introducción de semillas ni productos de maíz transgénico, entonces lo que corresponde es elevar a rango de ley la resolución que prohíbe terminantemente la introducción, comercialización y producción de maíz transgénico en Bolivia, actualmente en vigencia. Esto sería una real muestra de la voluntad de proteger el patrimonio genético que nuestros ancestros nos legaron.  

 Desde hace varios meses atrás la propaganda por los transgénicos ha sido intensa. El Congreso del maíz en el Chaco con presencia del INIAF (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales) pedía la aprobación de maíz transgénico; a comienzos de junio el Congreso de Ingenieros Agrónomos realizado en Santa Cruz tenía como principales disertantes a los mayores promotores de la soya transgénica en Bolivia. Por su parte ANAPO entregó un premio a un ex Ministro en cuyo mandato fue aprobado el cultivo transgénico y la misma Empresa Estatal de Alimentos EMAPA fue la mayor difusora de semilla transgénica, y en consecuencia, de la expansión del área sembrada con transgénicos, lo que demuestra el poder que ha alcanzado el agronegocio en el gobierno actual, al extremo que una ley de fomento campesino se pretende utilizar para garantizar los negocios de las semilleras y transnacionales de agroquímicos.

Más allá del maíz hay otros cultivos bajo la mira. Hace unos días, EMBRAPA, el ente estatal de investigación agronómica de Brasil, actual asesor del INIAF en diagnósticos y políticas agropecuarias, anunció que había logrado una variedad transgénica de caña. Desde hace un tiempo se conoce que en el vecino país se estarían tratando de desarrollar, mediante ingeniería genética, variedades de caña de azúcar con mejores índices para la producción de etanol, es decir para agrocombustibles. Y seguramente el patio trasero para probarlas, es Bolivia.

Con tales motivos, las asociaciones de grandes productores, de agroquímicos y semilleras de Santa Cruz ahora celebran el proyecto de ley. Pero el agronegocio en Bolivia está en manos de latifundistas brasileños:

“…apelando a información de ANAPO, se puede deducir que la cantidad de grandes productores (que cultivan más de 1.000 Has) no supera los 300, la mayoría brasileños, con un núcleo poderoso no mayor de 100 productores, quienes poseerían predios de entre 3.500 a 8.000 Has. Los máximos de extensión de tierras (en manos de productores extranjeros) parecen ser mucho mayores de acuerdo a las declaraciones del presidente de Unisoya (consorcio empresarial dedicado a la producción de soya) obtenidas por ese mismo reportaje periodístico de La Prensa: “los tres mayores productores de soya de la zona son extranjeros, y entre ellos cultivan 180 mil toneladas de soya, que representa el 15% de la producción nacional” (promedio de 20 mil Has por productor).Declaraciones del presidente de la ANAPO, al diario El Deber de 15/4/2005. (En Mamerto Pérez,  La soya en Bolivia, el grano de oro que no brilla?)

En consecuencia, las nuevas políticas agropecuarias, que amenazan con la apertura del país a los transgénicos y agrocombustibles,  parecen estar siendo elaboradas en instancias de fuera del país, tales como EMBRAPA, el CAS (Consejo Agropecuario del Sur) y su organismo técnico, la REDPA (Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias). El 2005 la CAS resolvió crear el Grupo sobre Políticas Públicas en Biotecnología y Agroenergía a cuyas reuniones han estado asistiendo técnicos de las instituciones nacionales mencionadas así como del Viceministerio de Medio Ambiente, instancia que alberga al Comité de Bioseguridad, encargado de la autorización de organismos genéticamente modificados. La presidencia del  CAS está a cargo de Brasil.

Por su parte, la Secretaría Técnica de la REDPA está a cargo del IICA, el Instituto de Investigaciones Agrícolas, conocido en Bolivia por su apoyo abierto a los transgénicos, los que promovió en sucesivos eventos realizados en la Casa de la Agricultura en Cota Cota.

Para completar este escenario, la apertura transgénica del país se da en un ambiente carente del ejercicio democrático en la elaboración de proyectos de ley, donde las grandes ausentes son las organizaciones académicas, de agricultores ecológicos, pequeños productores  y de consumidores, actores clave en la implementación de la soberanía alimentaria.

* Patricia Molina es activista del Foro Boliviano sobre Medioambiente y Desarrollo (Fobomade) La Paz.


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