Publicado el 2011-04-06

Megarepresas igual a megaexplotación

Salarios muy bajos, largas jornadas de trabajo, malas condiciones laborales, excesiva violencia del personal de seguridad, persecuciones; en resumen, un sistema de superexplotación se escondía detrás de la construcción de dos megarepresas brasileras ubicadas cerca de la frontera con Bolivia. Las obras fueron paralizadas durante la tercera semana de marzo con distintas expresiones de protesta por parte de los obreros y existe el temor de que este conflicto se repita en el país si el gobierno de Evo Morales decide construir el proyecto hidroeléctrico de Cachuela Esperanza.

Las represas de Jirau y Santo Antonio (ambas en Porto Velho, Estado de Rondonia) forman parte del complejo hidroeléctrico del río Madera, cuyas construcciones fueron iniciadas por el ex gobernante Luiz Inácio Lula da Silva. Las dos obras podrían ser completadas con la de Riberão, que se ubica en el tramo binacional, y la de Cachuela Esperanza.

Para tener una idea de la magnitud de estas obras se conoce que en la construcción de la represa de Santo Antonio se emplean casi 15 mil trabajadores y se tenía previsto que empiece a operar en su fase inicial este 2011 generando más de 3.000 MW, mientras que la de Jirau cuenta con casi 22 mil obreros.

Ambas obras son financiadas con recursos estatales a través del Banco de Desarrollo del Brasil (BNDES), por lo que las organizaciones y movimientos sociales de la vecina nación y de Bolivia decidieron expresar su apoyo a la movilización de los miles de trabajadores.

La gota que rebalso el vaso de agua fue la mala atención médica con la que cuenta semejante concentración humana a lo que se sumó la mala calidad del transporte, la falta de seguridad y las permanentes amenazas de despido. El sistema de superexplotación ya había sido denunciado el año pasado por los más de 15 mil trabajadores de la represa de Santo Antonio con medidas de protesta, pero no se hizo nada para remediar las precarias condiciones laborales. La empresa Suez es la principal accionista de Jirau, pero además es propietaria de otras dos represas que ya fueron investigadas por la Comisión Especial de Derechos Humanos donde se comprobó la violación de las más elementales garantías laborales. Sin embargo, esto tampoco sirvió de base para evitar las protestas que se iniciaron recientemente.

La elevada concentración humana no sólo genero enfermedades, sino que se registraron las tasas más altas de prostitución, circulación de droga y violencia, por lo que en un arranque de furia los miles de trabajadores decidieron quemar sus propias viviendas, además de unos 45 vehículos de transporte como forma de protesta.

El gobierno de Dilma Rousseff no tuvo otra alternativa que recurrir a los organismos de seguridad para evitar mayores expresiones de descontento y los empresarios hablaron de comenzar a reconstruir los comedores y viviendas para posibilitar el regreso gradual de los obreros, aunque ya se habla de procesar a los principales instigadores de tamaña movilización.

El paro de actividades se extendió por una semana, por lo que las muestras de solidaridad y apoyo no se dejaron esperar. Organizaciones como los afectados por la construcción de represas (MAB), la Plataforma BNDES y otros pidieron suspender el desembolso de recursos en tanto no se atiendan las demandas de los trabajadores y se realicen auditorías para establecer la utilización de recursos estatales, “los trabajadores, así como la población afectada, son víctimas de una brutal explotación y la presión impuesta por las empresas responsables de estas plantas para acelerar las obras de construcción y anticipar la finalización de su construcción”, señala una de las cartas remitidas al BNDES.

Denunciaron que se decidió otorgar un “beneficio” económico adicional a las empresas que concluyan las obras antes del plazo establecido, además que tienen la posibilidad de vender la energía generada de forma anticipada, razones que motivaron a que se superexplote la fuerza laboral. La Plataforma BNDES dijo que hasta el momento no se conocen los criterios que se asumieron para aprobar los financiamientos y tampoco existe un monitoreo apropiado para “el debate público y la fiscalización”.

La columnista Miriam Leitao entrevistó a los presidentes de las dos empresas encargadas de la construcción de las represas, quienes aseguraron que “todo estaba bien”, pero no pudieron explicar el porqué se detuvieron las obras. Señalaron que las condiciones “de trabajo son las mejor posible y auditadas por empresas independientes”.

Aseguraron que en el caso de Jirau los trabajadores contaban con habitaciones con baño y aire frío, además que el restaurante “sirve comidas de alta calidad y ha tenido un alto nivel de aprobación”. Los ejecutivos culparon al narcotráfico de haber iniciado las revueltas, debido a que existiría una ruta del tráfico que fue afectado por la construcción de la represa ubicada a unos 150 kilómetros de la frontera con Bolivia.

La prensa brasilera se centró en el “vandalismo” de los trabajadores, pero no indagaron respecto a los verdaderos motivos de la revuelta. El sociólogo Luis Fernando Novoa, profesor de la Universidad Federal de Rondonia, dijo que la mayor parte de las injusticias cometidas contra los trabajadores se centran en dos grandes errores: la “licencia” por el gobierno federal con respecto a la ejecución de las obras en el río Madeira y la búsqueda de un beneficio inmediato de negocios.

Al paro de actividades en Santo Antonio y las violentas protestas en Jirau se sumó la movilización de los afectados por la construcción de la Hidroeléctrica de Samuel, también en el Estado de Rondonia. Los manifestantes organizados por el Movimiento de Afectados por Represas (MAB) decidieron cerrar una carretera en apoyo a la movilización de los trabajadores, pero además expresaron su protesta porque se habían incumplido varios acuerdos.

La represa de Samuel fue construida en 1988 y afectó unos 540 km2, pero en 1990 se comprobó que generó 11,6 veces más gases de efecto invernadero que los originados por la explotación de petróleo.

El debate sobre la construcción de represas hidroeléctricas en la Amazonía comenzó a levantar la cortina de silencio que ha mantenido a la opinión pública ignorante sobre las causas y consecuencias de la política del sector eléctrico, describió el analista brasilero Carlos Vainer. (http://www.mabnacional.org.br/noticias/140311_energia.html)

Comienzan a flotar dudas acerca de la opción de inaugurada por la represa Tucuruí dentro del régimen militar, por el nada transparente ministro de Minas y Energía Shigeaki Ueki, quien comenzó a hacer de la Amazonia una fuente de energía para las industrias electro-intensivas (bauxita/aluminio, especialmente).  ¿Será en realidad la energía hidroeléctrica, como dicen los heraldos del modelo eléctrico brasileño, una energía limpia y barata?

Necesitamos mucha más información y debate, como acaban de señalar Miriam Leitão (O Globo) y Washington Novaes (“Estado de S. Paulo”). Incluso porque, como advirtió el fiscal del Estado de Pará, Felicio Pontes Jr., “El sector de la energía en el país es una de las mayores cajas negras de gobierno” (O Globo, 8/1/2011). . La inundación de 5,300 km2 de bosques en los próximos diez años, la transformación de nuestros ríos en escaleras de lagos artificiales, la extinción de especies de río con alto valor nutricional y enorme potencial económico, todo esto implica altos costos, a menudo costos incalculables. Los desastres ambientales, sin embargo, son probablemente pequeños en comparación con los desastres sociales que impactan a las personas afectadas. Se estima que alrededor de un millón de personas fueron desplazadas por las represas en el Brasil. En los últimos 50 años, sufrieron la destrucción de sus aldeas, pueblos, cementerios e iglesias. Los cultivos y el ganado fueron inviables. Las reparaciones se casi siempre fueron insuficientes para reiniciar sus vidas – muchas veces no recibieron nada. Y un capítulo aparte merece la dramática situación que han sufrido los grupos indígenas, cuyo territorio, medios y formas de vida se sacrifican en el altar de “desarrollo” que no les reservado nada a ellos.

Bolivia y Cachuela Esperanza

Existe el temor en organizaciones medio ambientales y de movimientos sociales de ambos países que los problemas que se presentaron en la construcción de las dos represas repercuta en Bolivia donde se tiene previsto iniciar la búsqueda de recursos para financiar la construcción de la represa de Cachuela Esperanza.

Está previsto que en el mes de abril se presente el estudio de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental, además del diseño final del proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza, que está a cargo de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Se indicó que a partir de ese momento se iniciará el respectivo proceso de consulta con los pobladores de la zona para identificar y mitigar el impacto social de la obra.

A partir de este momento, el ex ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Fernando Vincenti, dijo que el Estado Plurinacional de Bolivia estará iniciando la edificación de sus propios proyectos de generación hidroeléctrica cuyo potencial oscila entre los 35.000 y los 50.000 MW, de los cuales el país no aprovecha ni siquiera el 1% de esa capacidad.

La proyectada represa de Cachuela esperanza tendrá una altura de 17 metros y un largo estimado de 600 metros y permitirá generar 990 MW. Se estima que el presupuesto de construcción ronda los 2.000 millones de dólares y podría ser entregado en un plazo de cinco años.

La represa en Cachuela Esperanza es para matar “nuestras vidas y especies naturales, no queremos esa construcción, no somos enemigos del progreso, pero que el mismo llegue sin hacer daños”, dijo Rony Aguilera Cardozo, ejecutivo de los campesinos de la regional Guayaramerín.

Vincenti descartó que el proyecto Cachuela Esperanza genere nuevas áreas inundadas adicionales a las que anualmente quedan bajo el agua como efecto de la temporada de lluvias, “el reservorio no va a aumentar más por efecto de la construcción de lo que ya naturalmente se inunda. Desde ese punto de vista hay un muy leve impacto ambiental”, dijo.

Sin embargo, reconoció que se presentarán algunos problemas para contratar a casi 18.000 mil trabajadores, porque a diferencia de las megarepresas que están en Brasil no existen poblaciones aledañas. La primera ciudad mediana que está cerca del lugar donde se construirá la represa de Cachuela Esperanza está a unos 100 kilómetros, además no existe el equipamiento para servir de respaldo logístico durante el periodo de construcción de la represa.

“El 85% de la gente contratada en (la represa de) Santo Antonio es oriunda de la ciudad, en nuestro caso, con Cachuela Esperanza, esa facilidad no va a existir debido a que se trata de un lugar aislado. Los trabajadores deberán ser trasladados hasta el lugar y muy probablemente lo que va a suceder es que a la conclusión de la obra, quede anexa a la obra una pequeña ciudad, mayor que la localidad actualmente existente”, declaro Vincenti.

A diferencia de Brasil donde el gobierno a través del Bando de Desarrollo financia la construcción de las dos represas, en Bolivia se va a requerir necesariamente financiamiento externo y existen dudas de que la energía eléctrica llegue primero a las poblaciones bolivianas, “la otra posibilidad es que la energía generada pueda ser entregada a Brasil bajo una de dos modalidades previstas. Una de ellas sería en calidad de venta, para lo cual se iría a una subasta pública, la otra sería un sistema “swap” bajo el cual nosotros entregamos energía a Brasil en un punto y el vecino nos la devuelve en otro a lo largo de nuestra extensa frontera común”.


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