Publicado el 2011-02-14

El giro agroindustrial del “proceso de cambio”

SENA-Fobomade

El gobierno boliviano y el empresariado agroindustrial consolidaron una “alianza productiva” y comenzaron a diseñar un plan estratégico conjunto para garantizar el abastecimiento de alimentos en el mercado interno, y al mismo tiempo aumentar las exportaciones agrícolas, en un intento de aprovechar la crisis alimentaria global como una “oportunidad” de negocio.

Al cumplir su primer año de gestión como Presidente del Estado Plurinacional el 22 de enero de 2010, Evo Morales propuso articular una alianza con todos los productores del país con el objetivo de tomar medidas frente a las inundaciones, sequías y otros efectos del cambio climático, y delinear una estrategia que garantice la seguridad alimentaria nacional.

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“Hay culpables (las naciones ricas), cómplices y víctimas de la crisis alimentaria”, comentó el Presidente Morales, pero afirmó que su gobierno no esperará a que los países industrializados cambien sus políticas de desarrollo sino que fomentará la producción local de alimentos.

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La nueva Constitución Política del Estado establece que los medianos y pequeños productores son el sostén de la seguridad y soberanía alimentaria del país, pero Morales prefirió pactar la alianza productiva con el empresariado agroindustrial.

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El Presidente se reunió primero con los agroindustriales de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Santa Cruz (Cainco), y con ellos comenzó a organizar la alianza productiva el 19 de enero en Palacio Quemado, relegando a los pequeños cultivadores indígenas y campesinos a un segundo plano.

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Morales escuchó las sugerencias de productores de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y de la Confederación Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu (Conamaq), pero poco tiempo después conformó con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) el primer “Consejo Consultivo” público-privado encargado de “fortalecer” las políticas de desarrollo económico y resolver los problemas alimentarios.

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“Se ha creado un consejo que va a empezar a resolver los problemas del día a día, como el de la planificación, para evitar problemas como la escasez de azúcar y otro tipo de problemas que eventualmente se podrían presentar… Estamos construyendo soluciones, estamos generando temas de inversión para que podamos generar más empleo”, informó el presidente de la CEPB Daniel Sánchez luego de reunirse con el Presidente, junto a una veintena de empresarios.

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El dirigente del gremio patronal aseguró que los empresarios de la Cainco, de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), y la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) “están también con el Presidente tratando de solucionar los problemas” que afectan a la población boliviana.  Según los empresarios, Morales está muy preocupado por la crisis alimentaria y por el cada vez mayor peso de las importaciones agrícolas.

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Las importaciones agroindustriales se incrementaron durante los últimos años hasta alcanzar las 871.328 toneladas en 2007, cifra que casi se compara con el nivel más alto de los tiempos neoliberales de Hugo Banzer Suárez (2000), cuando se importaron 893.218 toneladas. Es tal la carencia de alimentos que el gobierno se vio obligado a comprar 90 mil toneladas de carne al régimen golpista hondureño, y comenzó a importar azúcar de Brasil y Colombia.

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Morales se declaró satisfecho por la “sinceridad y confianza” expresadas por los empresarios y anticipó que los objetivos prioritarios de la alianza productiva son asegurar respaldo financiero y revisar la legislación agraria, especialmente los alcances de la Función Económica Social (FES) de la tierra. De esta forma, el Presidente dejó en manos de los sectores privados la seguridad alimentaria del país y dio un giro a la política agraria de su gobierno.

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Uno de los objetivos de la Revolución Agropecuaria y Forestal impulsada por el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente desde 2007 era construir un patrón de desarrollo agrario con base en la “soberanía alimentaria” y asentada en sistemas de producción agrícola comunitario, asociativo e individual, para que Bolivia deje de depender de las importaciones y más bien fortalezca “el rol de la agricultura familiar campesina, indígena y originaria con base comunitaria”.

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El Artículo 406 de la Constitución indica que “El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables”. Añade que “El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultural y productiva”.

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La flamante ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural Ana Teresa Morales reconoció que los pequeños productores fueron los menos favorecidos por el Estado. “El equilibrio en los eslabones es básico para desarrollar las cadenas productivas, porque no puede ser que se impulse solamente los eslabones grandes y los pequeños sigan sometidos a los mayores índices de pobreza; no puede haber crecimiento productivo sin equidad, ese es un principio de nuestro Gobierno”, comentó y prometió diseñar una estrategia de “salvataje” de la economía popular, optimizando los incentivos estatales en el aparato productivo de alimentos, fundamentalmente del pequeño productor urbano y/o rural.

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Pero, ¿quiénes controlan la producción alimentaria en el país? Un reciente informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla-“Soberanía Alimentaria en Bolivia entre el discurso y la realidad”, noviembre 2010) revela que en la gestión 2008/2009 la producción capitalista en Bolivia incrementó la concentración de superficie cultivada para llegar a 82,5% y los volúmenes de producción hasta 82,3%. Este incremento, si bien obedece a una modificación en los hábitos alimenticios de los bolivianos, refleja una cada vez menor importancia de la producción campesina.

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A fines del siglo XX, las pequeñas unidades agrícolas aportaban el 80% en la provisión de alimentos. Los campesinos sostenían el 50% de la producción no industrial de trigo, arroz y maíz, pero estos niveles fueron disminuyendo en el gobierno indígena de Evo Morales. Con estos datos se infiere que la convocatoria a conformar una alianza estratégica no se dirige a los pequeños cultivadores, sino a los grandes productores capitalistas, más propiamente al poderoso sector agroindustrial de Santa Cruz que concentra la producción agrícola, y que controla, junto a la burguesía de Beni, más del 80% de la producción de carne bovina.

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La propuesta del agronegocio

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Los empresarios afirman que la escasez y la especulación es la factura que paga el Presidente por haber confrontado al sector productivo y a los inversionistas privados. El presidente de Anapo Demetrio Pérez recordó que en este último tiempo no hubo comunicación con su gremio, “no sabemos las razones del porqué; según nos dijeron, tenían otra agenda u otra prioridad”.

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El vicepresidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) Cristian Satori criticó la falta de apoyo del gobierno, alertó que los productores nacionales están desincentivados por la inseguridad jurídica, y dijo que a consecuencia de los fenómenos naturales la oferta de carne se verá reducida, sin descartar un incremento de precios en los próximos meses. El consumo interno de carne es de aproximadamente 180 mil toneladas y la oferta para 2011 será de 170 mil toneladas.

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En un Foro celebrado en 2008 en La Paz, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) advirtió sobre las serias consecuencias de una crisis alimentaria a nivel mundial que afectaría a Bolivia, y aconsejó al gobierno que no tome decisiones “reactivas” y “cortoplacistas” (prohibiciones de exportación, establecimiento de cupos, licencias previas y control de precios internos), sino medidas inteligentes y “proactivas” que no solo garanticen el abastecimiento interno, sino que generen saldos exportables.

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El IBCE, un “tanque de ideas” que defiende los intereses de la burguesía agroindustrial, señala que desde 2007 el gobierno aprobó más de 13 decretos supremos para restringir las exportaciones de carne de pollo, aceite de soya y girasol, maíz, trigo y otros productos.

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El representante de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) en Bolivia Gonzalo Flores comentó que las restricciones a las exportaciones, el control de precios y la intromisión del Estado en la producción de aceite “generaron un efecto boomerang” que desincentivó la producción de alimentos en el país.

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“Los productores de maíz, de arroz y otros granos fueron desincentivados porque plantaban con una expectativa de rentabilidad, sabían que podían exportar una parte de lo que producían, pero al no poder exportar hacen un uso alternativo de su dinero y lo colocan en otros rubros, principalmente construcción de bienes inmuebles”, declaró Flores al diario La Razón.

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El IBCE identificó tres condiciones clave para fomentar la producción de alimentos en el país: a) Seguridad jurídica para la tierra y las inversiones en el agro; b) Eliminar las fijaciones de precios y las restricciones a la exportación; c) Mecanización, riego y uso de la biotecnología para enfrentar de mejor forma el cambio climático y aumentar la productividad.

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Los agricultores empresariales dicen que limitaron sus inversiones debido a la inseguridad jurídica que existe en el país, como por ejemplo el cumplimiento de la FES para las tierras productivas, condicionalidad establecida por la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). “La FES está aprobada por dos años, pero un financiamiento se produce para entre ocho y diez años”, argumentaron.

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Los industriales están presionando para que se modifique la legislación agraria. El Presidente de Anapo pidió al gobierno que “flexibilice” la normativa de reversión de tierras por causal de desmontes ilegales, y permita la expansión de la frontera agrícola. “Algunos productores desmontaron áreas para sembrar más pero han sido declarados ilegales; nosotros pedimos flexibilizar las normas para, de alguna manera, regularizar ese desmonte y no recortar la producción”. Pérez aclaró que no se trata de “deforestar”, sino de aprovechar racionalmente el suelo para cultivar alimentos.

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Según el dirigente empresarial, antes de aplicar la letra muerta de la ley que manda revertir propiedades y concesiones forestales cambiadas a usos agrícolas sin consentimiento legal, primero se debería realizar un estudio técnico y científico, y distinguir zonas con alto potencial para el cultivo de alimentos.

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En Bolivia hay 15 millones de hectáreas aptas para cultivos agrícolas, pero se cultivan menos de 3 millones; deberíamos aprovechar la nueva realidad mundial y dedicarnos a producir más alimentos (oleaginosas, cereales, carnes) no solo para garantizar su propio abastecimiento, sino para generar saldos exportables y con ello crear empleos, ingresos y soberanía alimentaria, plantean los empresarios.

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“El mundo tiene hambre y Bolivia puede ayudar al mundo a producir más alimentos, generando para sí soberanía alimentaria y más empleos”, fue la principal conclusión del Foro Crisis Alimentaria Mundial: Oportunidades y Desafíos, organizado por el IBCE en 2008, donde se abrió la posibilidad de convertir la “amenaza” de la crisis alimentaria en una “oportunidad” para Bolivia.

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El IBCE advirtió que no se podrá resolver la crisis alimentaria sin el uso de biotecnología para mejorar rendimientos, combatir plagas y enfrentar los impactos del cambio climático. Aseguró que para Bolivia es insuficiente el concepto de “seguridad alimentaria”, el cual puede ser una trampa porque puede alentar las donaciones e importaciones, como ocurrió con el trigo y la harina de trigo que convirtieron a Bolivia en un país dependiente del abastecimiento externo.

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Evo cumple con los agroindustriales

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El incremento del precio de los carburantes fue el anticipo de lo que en realidad quiso decir el Presidente hace cinco años cuando afirmó que “gobernar es hacer buenos negocios”. Con el fallido gasolinazo de Navidad, Evo “cambió” el rumbo del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, y ahora pacta con el agronegocio y desvía el proceso de reconducción comunitaria de la reforma agraria. 

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“Mandar obedeciendo al pueblo” es la consigna central de las gigantografías oficialistas que proliferan en todas las ciudades capitales del país; mientras el Ejecutivo mima a los empresarios y apuntala en silencio a la agroindustria exportadora. La ministra Morales resaltó que “si alguien merece un reconocimiento importante y serio es el empresariado que logra el propósito de exportar”. Y como muestra de su reconocimiento otorgó el Premio Bolivia Exportadora 2010 a más de 50 exportadores que generan valor agregado, empleos e ingresos para la economía nacional.

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El gobierno reconoció a los empresarios que exportaron aparatos para silvicultura y procesamiento de carnes, aspersores y goteros para sistemas de riego, quinua orgánica roja, manjar blanco o dulce de leche, granos aplastados y copos de avena, estevia procesada y vinagres para mesa. Entre las empresas y emprendimientos reconocidos figuran la Empresa Metalúrgica Vinto, Exportadores Bolivianos SRL, Compañía de Productos de Camélidos. (Coproca), Asociación de Productores de Quinua (Apquisa), Creaciones Paola, Boliviana de Aviación (BOA), Albergue Ecoturístico Comunitario Pampalarama, entre otros. También destacan la Empresa Boliviana de Almendras y Derivados (EBA) e Insumos Bolivia, ambas pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

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“Las políticas públicas de nuestro gobierno aunque no hayan sido ideales, se han esforzado seriamente en el proceso de promover las exportaciones. Si en ese afán no hemos sido perfectos aquí estamos para servirles y para perfeccionar cualquier mecanismo de política pública, porque el exportador debe ser un actor privilegiado en nuestra economía”, proclamó Morales luego de destacar el esfuerzo quijotesco de los exportadores.

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La ministra Morales presentó además una “Guía para la Exportación” que facilita el desarrollo de actividades productivo-exportadoras proporcionado conceptos, normas y regímenes en la materia, requisitos y procedimientos de exportación, condiciones y preferencias en cuanto a desgravación arancelaria en los mercados externos y otra información necesaria.

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La vieja consigna neoliberal de “exportar o morir” empieza a sonar fuerte en Palacio de Gobierno. Hace exactamente un año Evo prohibía la exportación de alimentos básicos; hoy su gobierno acelera la construcción de caminos, puentes y corredores biocéanicos contemplados por la IIRSA con el fin de fomentar las exportaciones agroindustriales y petroleras.

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El gobernante indígena tiene un nuevo lema: “Tenemos que buscar los caminos más adecuados para superar la crisis alimentaria que abate al mundo, y que puede convertirse en una oportunidad para Bolivia y otras naciones poseedoras de recursos naturales para que se conviertan en abastecedoras de alimentos”.

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El gobierno coincide plenamente con los empresarios que piden ampliar la frontera agrícola para “garantizar alimentos para el pueblo”. “Hay que producir más de lo que se produce ahora, en este momento la capacidad productora del sector privado solamente satisface los lujos temporales de la población y no sirve para la acumulación y el almacenamiento de alimentos”, dijo el ministro de Economía Luis Arce

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Para incentivar la producción agrícola, el Estado comprará arroz, maíz y trigo pagando 10% más que el precio de mercado y garantizará el seguro agrícola para todos los sectores productivos, incluidos los grandes empresarios del agronegocio.

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El gobierno parece dispuesto, inclusive, a autorizar el cultivo de transgénicos resistentes a plagas, enfermedades y anomalías climáticas. “El hecho de que el gobierno haya expresado su disposición a considerar y analizar el tema de la biotecnología para su aplicación al proceso productivo es un avance importante”, destacó el presidente de la Cainco Eduardo Paz.

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La Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en 2007 señalaba claramente en su Artículo 408 que “se prohíbe la producción, importación y comercialización de transgénicos”, pero la Carta Magna aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el presidente Evo Morales en 2009 abre la posibilidad de que en el país se pueda recurrir a los transgénicos. El Artículo 409 señala: “la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley”.

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En síntesis, el nuevo plan gubernamental ya no es garantizar la soberanía alimentaria sino la “seguridad” alimentaria; promocionar las exportaciones y los transgénicos; y sobre todo asegurar líneas de crédito diferenciado del Estado y de la banca privada. La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) abrió la posibilidad de otorgar hasta 4 mil millones de dólares en créditos de fomento a varios proyectos productivos estatales y privados, entre ellos los enclaves agroexportadores.

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El Vicepresidente García Linera se reunió esta semana con dirigentes de la CEPB en La Paz, y prometió un retorno “rápido y seguro” y una alta rentabilidad a los empresarios que inviertan en agricultura, hidrocarburos, minería, electricidad y carreteras. García Linera reveló que el Estado tiene previsto invertir 5.000 millones de dólares hasta 2013, y “esto tiene que ser aprovechado como una gran oportunidad para el sector privado mediado, pequeño, grande”. Propuso a la CEPB conformar un “ensamblaje virtuoso entre Estado e inversión privada boliviana para transformar industriosamente nuestra economía”, y subrayó que la Constitución garantiza una convivencia armónica entre el Estado y el capital privado nacional y extranjero. El giro pro empresarial del “gobierno del cambio” ha sido criticado por antiguos colaboradores de Evo, entre ellos el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, quien acusó al régimen de otorgar millonarios beneficios a las transnacionales petroleras.

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“Lo grave es no haber salido del capitalismo dependiente, de un Estado periférico subordinado, de una economía extractivista destinada a satisfacer la demanda del mercado internacional; estamos lejos, muy lejos, de ingresar a un modelo productivo y producente de un modelo alternativo; estamos lejos de una articulación integrada de la economía plural, que se encamine a la economía social y comunitaria…”, observó el ex viceministro de Planificación e ideólogo del proceso de cambio Raúl Prada.

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El ex vocero presidencial Alex Contreras dijo que el Presidente gobierna obedeciendo a los agroindustriales, a las  transnacionales y a los contrabandistas que lucran con los alimentos básicos.  “Gobernar obedeciendo al pueblo es un simple eslogan que nadie ya cree porque el gobierno perdió credibilidad”, lamentó. 

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Para muchos economistas está claro que en el país continúan imperando el neoliberalismo y los privilegios de los grandes empresarios que vivieron su mayor auge en el período “neoliberal” iniciado en 1985, cuando el presidente Víctor Paz Estenssoro dijo con voz cansada “Bolivia se nos muere”.

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En una entrevista con la red Erbol, el jefe de Investigaciones del CEDLA Enrique Ormachea comentó que “si el gobierno no cambia la política neoliberal, los empresarios van a hacer lo que quieren (y) van a querer ajustar sus precios al mercado internacional; no hay capitalistas que quieran ganar menos; no producen por patriotismo, sino para ganar plata…”.


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